La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) notificó la sentencia de fondo, reparaciones y costas por el asesinato del ambientalista hondureño Carlos Luna.
El caso se relaciona con el asesinato de Carlos Antonio Luna López en 1998, quien fuera defensor ambientalista y regidor de la Corporación Municipal de Catacamas, Olancho.
En la sentencia la Corte enfatizó la relevancia de la prestación adecuada de garantías a las personas defensoras del medio ambiente de manera que puedan realizar libremente sus actividades.
La Corte consideró que el Estado tuvo conocimiento del riesgo real e inmediato contra la vida de Carlos Luna, a través de una denuncia de amenaza de muerte realizada ante el Ministerio Público.
El Estado tampoco realizó una investigación seria y exhaustiva en relación con las amenazas de muerte denunciadas.
“Se estableció que el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para contrarrestar la amenaza contra Carlos Luna López, por lo que incumplió con su obligación de garantizar su derecho a la vida”, cita la Corte, en un comunicado.
En su sentencia, la Corte Interamericana dictó cuatro órdenes al Estado de Honduras: brindar el tratamiento psicológico a las víctimas; reconocer la responsabilidad internacional y disculpas públicas, así como publicar el fallo; implementar una política pública efectiva para proteger a defensores de derechos humanos; y pagar las cantidades fijadas por daños causados, reintegro de costas y gastos.
