La polémica normativa ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad, políticos y universidades, quienes consideran que es una herramienta jurídica que favorecerá a corruptos, narcotraficantes y lavadores de activos, porque se reducen considerablemente la penas de prisión.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que de entrar en vigencia el nuevo Código Penal “habrá una feria de impunidad para quienes han dilapidado los fondos destinados a atender la emergencia ocasionada por el covid-19 y no habrá castigo para los corruptos”.
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Asimismo, el CNA emitió un comunicado en el que cuestiona que la nueva legislación no fue socializada con los diversas organizaciones de la sociedad y organimos internacionales.
El abogado penalista Hermes Ramírez, quien es asesor del Congreso Nacional, aseguró que “estos temas de corrupción se están viendo desde un enfoque fanático, como si estamos en un partido de fútbol donde el que obtiene más aplausos es el que tiene la razón”.
Arguyó que el tema del nuevo Código Penal se está viendo desde un enfoque populista, que no se está argumentando de forma científica.
Desde hace unos días el Congreso Nacional ha iniciado un proceso de acercamiento con diferentes actores sociales y profesionales, para que hagan sus observaciones a la norma.
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Durante los últimos seis años, en total han sido 60 organizaciones que han participado en este proceso de socialización, estableció el Congreso Nacional en sus redes sociales.
'Hemos escuchado propuestas, aclarado dudas a interrogantes planteadas, nos mantendremos en este espacio abierto de diálogo permanente sobre el nuevo Código Penal que es una herramienta eficaz de lucha contra la criminalidad', afirmó Ramírez.
