Representantes de la empresa privada de Honduras aseguran que la solución para el rescate del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es la privatización.
El Seguro Social enfrenta actualmente una crisis financiera originada por la mala administración y el saqueo descarado de la institución.
Sobre las deterioradas finanzas recae un déficit mensual de 600 millones de lempiras y una deuda a largo plazo de 6,399 millones de lempiras.
Cuatro mil millones de esta millonaria cifra corresponden a la adquisición de equipos médicos y servicios con las empresas Distribuidora Metropolitana SA (Dimesa), Compañía de Servicios Múltiples (Cosem) y Sistemas Abiertos.
Todos estos contratos fueron aprobados por mayoría de votos por la junta directiva 2010-2014 y en el caso del contrato de Dimesa, valorado en 118 millones de dólares, fue aprobado también por el Congreso Nacional (2010-2014).
Según el informe preliminar de la Comisión Interventora del IHSS, existen indicios razonables que hacen suponer una sobrevaloración de las principales compras y contrataciones del IHSS por más del 40 por ciento.
Traducido en cifras este porcentaje representa pagos en exceso de más de 1,600 millones de lempiras.
Este descalabro financiero actualmente impide que el IHSS cubra los servicios básicos de sus más de 657 mil derechohabientes.
Privatización
Según Armando Urtecho, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la propuesta de este sector se enmarca en la privatización de los servicios del Seguro Social.
“El Seguro Social hay que privatizarlo, de hecho hay algunas actividades que ya se han privatizado, lo que pasa es que todo lo queremos tener centralizado, pero la verdad es que el sistema de acuerdo al convenio 102 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) debe abarcar más”, manifestó Urtecho.
El representante del Cohep explicó que con la privatización la institución se encargaría de pagar los servicios a distintas clínicas a nivel nacional para que estas brinden los servicios de atención a los afiliados.
A la par de este proceso, Urtecho indicó que se deben hacer los cobros respectivos al Estado, que actualmente adeuda a la institución 2,720 millones de lempiras.
“Si una empresa deja de pagar hoy a los empleados del sector privado no le permiten la atención, pero si son del sector público hay que atenderlos, ¿por qué?, si todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones”, cuestionó Urtecho.
El empresario reiteró la postura del Cohep al exigir la despolitización de la institución y la reforma de la ley para lograr este objetivo.
Así también mostró su postura en contra de la idea de elevar los techos de cotización para ofrecer al Seguro Social un respiro financiero.
“No permitimos el rompimiento de techos hasta que no esté claro y definido para qué se va a servir el rompimiento de techos”, indicó.
“Si es para pagar salarios estamos en contra, si es para pagar corrupción estamos en contra”, agregó.
El último rompimiento de techos en base a 7,000 lempiras entró en vigencia en junio del 2011, esto representó un ingreso extra mensual de 14.8 millones de lempiras.
Según el informe de la Comisión Interventora, estos recursos fueron utilizados en pago de gasto corriente.
