Tegucigalpa, Honduras.- La comisión permanente del Congreso Nacional (CN) sostuvo una reunión este miércoles 10 de diciembre donde afirmaron que existe un "golpe electoral" en los comicios generales del pasado 30 de noviembre.
Mediante un comunicado leído por Luis Redondo, titular del Poder Legislativo, también condenaron los pronunciamientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre las elecciones en Honduras.
Redondo agregó que hay las razones por las que el CN no validará el proceso electoral, denunciando que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) no funcionó.
Comunicado íntegro de la comisión permanente
Denunciamos la existencia de un Golpe Electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país. Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, mediante declaraciones públicas realizadas a 72 horas de las elecciones (30 de noviembre), amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños, alterando el libre ejercicio del sufragio.
Las publicaciones emitidas (26 y 28 de noviembre) constituyen una injerencia inadmisible, una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos y del derecho internacional para influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos. Así como también ofrecer un indulto político a un narcotraficante condenado como moneda de cambio electoral, esto representa un acto de coacción sin precedentes contra la soberanía de un país en el mundo. Se trata de nuestra dignidad y autodeterminación, como también del derecho internacional, como lo establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos con absoluta claridad que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado”.
Condenamos categóricamente estas publicaciones con las que manipularon el proceso electoral hondureño, intimidando a los electores y atemorizándolos con el no envío de más remesas y más aún dejando en libertad a quien causó un profundo daño a sus propios electores y contribuyentes que consumieron las toneladas de Cocaína enviadas por este, dejando muerte y familias destruidas.
El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como MS-13, 18, entre otras, y mucho menos las presiones externas y por la vulneración directa de la libertad de los electores. Denunciamos el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que no funcionó conforme a lo establecido, que coincide con los audios presentados como prueba en la denuncia actualmente en proceso ante el Ministerio Público.
Reiteramos que Honduras no aceptará injerencias extranjeras de ningún tipo, y mucho menos aquellas que pretendan imponerse sobre la voluntad popular y modificar el resultado natural de las urnas. Afirmamos que un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas en tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica.
Solicitamos a las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que incluyan en sus informes finales un análisis detallado de los hechos ocurridos, especialmente las amenazas externas e internas, las fallas del TREP y las decisiones administrativas que afectaron la verificación biométrica del voto. Advertimos que la eliminación o alteración del sistema biométrico —mecanismo esencial para garantizar que el número de votantes coincida con las actas de cada Junta Receptora de Votos— constituye una alteración directa de las reglas del proceso, afectando su legalidad y transparencia. Las Consejeras Ana Paola Hall García y Cossette López Osorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), por mayoría de votos (en la Certificación 2826-2025 del CNE), aprobaron reformar la obligatoriedad y los efectos de las reglas de validación del uso y/o verificación biométrica. Eliminando la obligatoriedad que ordena el artículo 263 de la Ley Electoral, socavando o destruyendo con ello su propósito; volviendo referencial, optativa, inútil, desconociendo o desnaturalizando la validación obligatoria que establece la Ley Electoral para el uso obligatorio del dispositivo electrónico o biométrico.
Al eliminar el uso del biométrico en las Juntas Receptoras de Votos, contaminaron las actas y con ello el TREP, produciendo fraude en las elecciones al permitir que los partidos políticos puedan manipular e inflar las actas y votos. Razón por la que el proceso perdió toda credibilidad, tornándose nulo de pleno derecho y fraudulento. Esto no solo es un delito electoral, sino que también constituye una usurpación o suplantación del Congreso Nacional, ya que este Poder del Estado es el único que tiene la facultad de crear, reformar, e interpretar las leyes de Honduras, entre ellas la Ley Electoral.
La Comisión Permanente defenderá la Constitución, la soberanía y la voluntad democrática del pueblo hondureño frente a cualquier intento de manipulación o intervención externa.
