El diputado liberal por Cortés Carlos Martínez denunció este martes que circulan rumores en el Congreso Nacional sobre supuestos sobornos de entre 750 mil y un millón de lempiras para que parlamentarios suplentes voten a favor de la Ley de Telecomunicaciones.
'Existe en estos momentos un rumor en los pasillos del Congreso Nacional que se está ofreciendo medio millón de lempiras a diputados suplentes con un agregado más que oscila entre los 250 a 500 mil lempiras por comprar la butaca del diputado propietario y así ellos poder votar a favor de las reformas a la ley”, denunció Martínez a través de una llamada telefónica al programa de televisión Frente a Frente de Canal 5.
Según el parlamentario, la información que circula es que entre 10 a 15 diputados suplentes del Partido Liberal habrían sido tentados con el ofrecimiento de dinero para votar a favor de la 'ley mordaza'. “Esperamos que si esos rumores se llegan hacer realidad, sean rechazados”, expresó.
Martínez instó a los diputados propietarios a mantenerse en sus curules, ya que en las próximas horas se estaría introduciendo el proyecto de reformas a la 'ley mordaza'.
'Este es el momento de legislar a beneficio de la población y en el caso de nosotros, como liberales es el momento de defender la bandera rojo, blanco y rojo”, añadió.
Así mismo, insistió en su llamado para que los diputados propietarios no se ausenten de las sesiones, si no, quedarán expuestos ante la opinión pública.
“Es decir que un voto para aprobar la Ley de Telecomunicaciones en el ala de la bancada del Partido Liberal podría costar entre los 750 mil y un millón de lempiras y esto es lamentable si se lleva concretar”, dijo Martínez.
Desde ayer, el Congreso Nacional convocó al pleno para reanudar sus sesiones ordinarias
este martes con el propósito de introducir las polémicas reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones.
La ley que crea una comisión reguladora de programación y un impuesto a los operadores de los servicios de radio y televisión fue ingresada al pleno del Congreso
en marzo pasado, por la ministra de Derechos Humanos Ana Pineda.
Aunque el presidente Porfirio Lobo sostuvo reuniones con diversos sectores con el propósito de 'socializar' esta normativa, la conclusión a la que llegaron los participantes es que al final se impuso el criterio gubernamental.
