Los montos que el Estado de Honduras esté obligado a pagar por demandas laborales o contractuales, deberán ser cancelados por las secretarías e instituciones donde se originen, informó este miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En vista de que la suscripción de contratos y despidos de personal generan demandas millonarias que deben ser canceladas por la Tesorería General de la República, la CSJ a través de la Sala de lo Laboral, trabaja con la Secretaría de Finanzas para modificar el proceso.
El nuevo mecanismo instruirá a todas las dependencias estatales que pierdan demandas laborales o por contratos, cancelar de su presupuesto el monto correspondiente al litigio, indicó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El objetivo, señaló Duarte, es buscar procedimientos directos y correctivos que permitan establecer que en casos de demandas millonarias contra el Estado de Honduras no se afecte la caja única de la Tesorería General.
Con la medida se pretende que los funcionarios que manejan las instituciones estatales se preocupen por aplicar los mecanismos concretos cuando se firmen contratos o se despidan personas.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado enfrentaba hasta mediados del año pasado, más de 4,000 demandas, interpuestas ante los tribunales de justicia por diferentes causas.
El Estado de Honduras fue obligado a pagar 1,500 millones de lempiras
por demandas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, que fueron declaradas desfavorables.
