Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de que las nuevas autoridades municipales asumieran funciones, al menos 76 alcaldías del país enfrentan demandas y embargos que comprometen seriamente su estabilidad financiera y la ejecución de obras en beneficio de la población, advirtieron autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
José Nahún Cálix, vicepresidente de la Amhon, señaló que la situación golpea principalmente a municipios de categorías C y D, cuyos principales ingresos dependen de las transferencias del gobierno central, recursos que en muchos casos ya se encuentran comprometidos por órdenes judiciales.
Explicó que cuando se ejecutan embargos sobre las cuentas municipales, la preocupación se multiplica, ya que se trata de alcaldías pequeñas con escasa capacidad de generación de ingresos propios y que dependen casi en su totalidad de las transferencias estatales.
Ante este panorama, Cálix hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que, en el decreto de emergencia fiscal que se ha anunciado en los últimos días, se incluya un capítulo especial destinado a proteger a las corporaciones municipales.
“Hemos escuchado al presidente de la República que en los próximos días estará enviando un decreto al Congreso de emergencia fiscal y yo quiero solicitarle al presidente y de igual manera a los diputados que se pueda agregar un capítulo municipal”, solicitó.
El dirigente explicó que existen alcaldías cuyos ingresos han permanecido embargados durante tres, cuatro e incluso cinco años, lo que ha limitado severamente la prestación de servicios básicos y la ejecución de proyectos comunitarios.
Como ejemplo, mencionó que ciudades grandes también enfrentan millonarias demandas.
Entre ellas citó a Choluteca, con embargos y demandas que rondan los 850 millones de lempiras, así como a La Unión, con aproximadamente 650 millones. Además, indicó que La Paz se estaría sumando a la lista de municipios afectados.
Cálix recordó que algunos municipios arrastran problemas de gestiones anteriores, como el caso de La Ceiba, donde se han realizado gestiones para intentar limitar los embargos a un porcentaje que no paralice completamente las finanzas locales.
“Se han hecho la incidencia a través de los gobiernos para poder proteger, por lo menos, que la transferencia y los ingresos propios de los municipios solo se puedan tener las posibilidades de embargo un 30% para no dejar sin acceso a financiamiento o recursos al municipio, pero ha sido casi imposible en los gobiernos pasados”, señaló.
Detalló que la mayoría de las demandas corresponden a despidos de personal realizados sin el debido sustento legal ni respaldo presupuestario, aunque también existen reclamos por incumplimiento de contratos de obras y servicios.
Muchos gobiernos municipales entrantes se niegan a reconocer deudas heredadas, lo que termina en procesos judiciales que, si están debidamente sustentados, prosperan en contra de las alcaldías.
“Cuando se hace un despido sin el debido sustento y si usted tampoco tiene recursos financieros dentro de su presupuesto, pues la demanda lógicamente va a prosperar, y eso es lo que está pasando”, indicó.
Se consideró que parte del problema radica en la falta de conocimiento de algunos funcionarios que asumen cargos de elección popular sin preparación en administración municipal, lo que deriva en decisiones que generan responsabilidades financieras a largo plazo.
“Debemos darle lo básico de conocimiento de cómo es la administración municipal para que ellos no cometan errores, que al final también un error administrativo afecta personalmente al ciudadano que está en funciones”, planteó.
Asimismo, propuso impulsar reformas a la Ley de Municipalidades para ampliar las funciones, responsabilidades y sanciones aplicables a alcaldes y corporaciones municipales que incurran en despidos irregulares o comprometan las finanzas sin respaldo presupuestario.
También hizo énfasis en el rol del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al que se instó a ejercer mayor control, especialmente en los procesos de transición entre administraciones municipales, tal como lo establece la ley.
Hasta el momento se desconoce el monto oficial de las demandas y embargos, pero al menos una docena de municipalidades superan los 1,200 millones.
Las autoridades de la Amhon sostendrán una reunión con el secretario de Finanzas para conocer en detalle las municipalidades y la cantidad de fondos comprometidos por estos procesos.
