Las nuevas autoridades gubernamentales han expresado su preocupación por las graves condiciones financieras en las que encontraron las arcas del Estado y por la avalancha de demandas judiciales y embargos que deben enfrentar y que les impiden, por igual, cumplir con actividades propias del Estado hondureño como la atención de los problemas en áreas tan conflictivas y deprimidas como la salud, la educación y la infraestructura.
La crisis no solo afecta al gobierno central, sino que también tiene paralizadas a muchas alcaldías municipales que han visto sus cuentas congeladas o están en riesgo inminente de perder sus transferencias gubernamentales debido a fallos judiciales.
La situación es grave para muchos alcaldes: si pagan las demandas, se quedan sin presupuesto para obras; si no pagan, les cierran las cuentas.
“Estamos en números rojos; debemos 17 mil millones y hay que pagarlos”, denunció el titular del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura, tras una reunión con empresarios en San Pedro Sula.
“Sufrimos muchas demandas, muchas de ellas injustas, no solo en reintegros, sino también por salario caído y ajustes salariales. Imagínense el reintegro de sueldos por tres, cuatro o cinco años; eso representa una gran masa de dinero para el Estado o para una alcaldía”, expresó.
El ministro de Finanzas alertó, por su parte, que los embargos judiciales contra el Estado y municipalidades superaron los 3,000 millones de lempiras en solo 10 días.
No se descarta que la avalancha de demandas sea una estrategia de funcionarios y alcaldes salientes, asociados con abogados, para favorecer a sus correligionarios, pues asombra que mientras un juicio laboral normal puede tardar años, en estos casos se resuelven con una velocidad asombrosa, lo que deberá ser investigado y denunciado debidamente.
