Tegucigalpa, Honduras.- Diversos sectores cuestionaron fuertemente el PCM 190-2024, en el que se autoriza a la secretaria de Defensa y precandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, realizar compras directas de suministros, obras de infraestructura y consultorías dentro de las Fuerzas Armadas.
El PCM establece la contratación directa de bienes y servicios especializados bajo circunstancias que exigen que las operaciones del gobierno se mantengan en secreto o requieran la adquisición urgente de insumos.
Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que “le han dado un superpoder a la precandidata Rixi Moncada, que es antiético y no abona en la lucha contra la corrupción. Libre está haciendo lo que años atrás había criticado, pero aumentado”.
De su lado, el analista Filadelfo Martínez fue del criterio que “sería un riesgo para ella (Rixi Moncada) que no se sigan todos los procedimientos y que en el futuro le puedan encontrar algún indicio de que violó los procedimientos”.
Por su parte, el abogado Saúl Bueso comentó: “Lo que más preocupa es que ese dinero para compras directas termine siendo para campaña política, en la condición que se encuentra como ministra de Defensa y precandidata presidencial, no debería manejar dinero”.
Finalmente, el economista José Luis Moncada preguntó sobre qué garantía o qué seguridad habría de que esos recursos que administrará Rixi Moncada no serán para la campaña política.
“La falta de un proceso transparente en las compras directas y la ausencia de liquidaciones adecuadas alimentan la especulación sobre el destino de estos fondos”, concluyó.
En septiembre de 2022, el Poder Ejecutivo también facultó al entonces ministro de Defensa, José Zelaya, para hacer compras directas.
La actual medida forma parte del Plan de Solución contra el Crimen, aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
