En el gobierno de Honduras existen cuatro instituciones con alto riesgo de estar contaminadas por actos de corrupción. Son el desprestigio en la administración pública.
La calificación la maneja el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por las auditorías realizadas.
“Nosotros tenemos instituciones catalogadas como de alto riesgo, son: Soptravi, Salud, Seguridad y Educación”, expresó Daysi de Anchecta, magistrada del TSC.
En materia de Educación, el TSC tiene una sobrecarga de trabajo investigando irregularidades por despilfarros.
Desde el año 2007 el TSC elaboró unos 15 informes de auditoría. Entre ellos se encuentran los informes de responsabilidades civiles a docentes por el despilfarro de 1,380 millones de lempiras correspondientes a pagos de salarios sin sustento legal.
En proceso, se desarrolla una auditoría en Educación, que incluye todo el complejo administrativo, informó.
A ese efecto se revisan todas las resoluciones firmadas por los ministros, que conceden supuestos abusos a docentes y dirigentes magisteriales.
Igual sucede en Salud. “La corrupción en Salud ha sido endémica, de cuatro a cinco gobiernos para atrás, la corrupción en Salud ha sido siempre”, deploró.
Asimismo, se encuentra en proceso una investigación en dicha secretaría, referido a compra y distribución de medicinas, contrataciones de personal y proyectos, entre otros aspectos de índole administrativo.
Igualmente, se audita la Secretaría de Seguridad, que incluye confirmar enriquecimiento ilícitos a una decena de altos oficiales de Policía, remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Se espera que los resultados se conozcan a la brevedad.
Incluye medir propiedades y contar ganado, para documentar informes con responsabilidades penales.
En lo que respecta a Soptravi, igualmente se han encontrado una serie de irregularidades en las auditorías practicadas en esa entidad.
Talón de Aquiles
Anchecta destacó que el ente contralor combate el flagelo de la corrupción y eso se ve reflejado en los informes de auditorías publicados en su portal de Internet.
Lo que espera es que la Procuraduría deduzca los reparos y la Fiscalía las acciones penales pertinentes, por el daño ocasionado al Estado.
En ese sentido, señaló que compete a la Procuraduría General y al Ministerio Público ejercer las acciones que en derecho corresponden.
“Estamos un poco flojos en materia penal con el trabajo de la Fiscalía, que esperamos que esto cambie; asímismo, en materia de recuperación en la Procuraduría”, indicó.
