El Ministerio Público formalizó un recurso de apelación en contra del sobreseimiento definitivo que un juez penalista otorgó a favor de Francis María Quezada García, esposa del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri.
El recurso se presentó en la Corte Primera de Apelaciones, de Francisco Morazán.
Con esta acción, la Fiscalía contra el Crimen Organizado pretende se revierta el sobreseimiento que el juez Jorge Alberto Mendoza Estrada otorgara, el pasado lunes, a Francis Quezada.
Esta Fiscalía la acusa por suponerla responsable de los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de armas comerciales.
La acción penal se deriva de un allanamiento que fiscales ejecutaron el pasado sábado a la residencia de Chimirri ubicada en la aldea Las Tres Rosas,Valle de Ángeles.
En dicha diligencia, los investigadores encontraron en un baño del dormitorio principal la suma de 100,950 dólares y tres armas comerciales dispersas en diferentes sitios del inmueble.
Por tal hallazgo, la Fiscalía contra el Crimen Organizado acusó a Quezada por los delitos antes mencionados, ya que era la única persona que se encontró en la vivienda cuando se practicó el allanamiento.
En una audiencia de declaración de imputado, el juez Mendoza le otorgó el sobreseimiento definitivo, por lo que fue puesta en libertad.
Argumentó que el allanamiento y detención se practicó en hora inhábil.
El dinero se encontró a las diez de la noche y a esa hora se le notificó su detención. La resolución generó sorpresa e indignación en los fiscales, por lo que formalizaron el recurso de apelación.
Argumentos
La apelación expone dos argumentos, la primera es que la audiencia de declaración de imputado no es el momento procesal oportuno para dictar un sobreseimiento definitivo, informó Carlos Vallecillo, portavoz de la Fiscalía.
Precisamente, el artículo 292 del Código Procesal Penal faculta al juez a dictar una resolución, sea la detención judicial o medidas cautelares sustitutivas a la prisión. Sin embargo, le otorgó un sobreseimiento que solo puede decretarse en audiencia inicial o preliminar.
El otro argumento que expone la Fiscalía es que el aseguramiento y detención se hizo en hora hábil.
Se basa en la Constitución de la República, que dispone que el allanamiento de un domicilio se verifica de las 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Es decir, que en este período se puede ingresar a un inmueble para allanarlo, no especifica a qué hora deba concluir.
La Fiscalía de Privación de Dominio ingresó a la residencia de las Tres Rosas a las 8:00 de la mañana y culminó a las 5:00 de la mañana del día siguiente.
Sustentó el aseguramiento con la orden de un juez de Privación de Dominio.
Además, en el proceso de aseguramiento y detención participaron defensores de Francis Quezada.
“Lo que espera la Fiscalía especial contra el Crimen Organizado es que este recurso de apelación tenga eco en la Corte de Apelaciones”, dijo el vocero.
No solo la residencia de las Tres Rosas fue asegurada, también otras tres propiedades de Chimirri ubicadas en Tegucigalpa, Lepaterique y Las Vegas, Santa Bárbara.
Asimismo, le fue asegurado un lote de 97 joyas y vehículos, entre otros bienes que fueron puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Investigación
Sobre el particular, la Inspectoría de Tribunales, del Poder Judicial, abrió un expediente investigativo contra el juez Jorge Mendoza, para confirmar si incurrió en irregularidad al otorgar el sobreseimiento.
Fue el presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, quien instruyó a la Inspectoría iniciar una investigación. Como primera diligencia inspectores previeron acudir ayer al Juzgado Penal para tomarle declaración al juez penalista.
La Inspectoría emitirá un informe que podría concluir en cerrar el expediente por falta de méritos o recomendar aplicar una sanción, que podría ser suspensión o despido.
Relacionado al caso, la Fiscalía contra la Corrupción presentó en esta semana un requerimiento fiscal contra Chimirri, por suponerlo responsable del delito de enriquecimiento ilícito.
Se sustenta en un informe del Tribunal Superior de Cuentas que concluye que durante el período que fungió como gerente de Hondutel, 2006 a 2007, habría obtenido de manera injustificada ingresos por el orden de 16 millones de lempiras.
