Tegucigalpa, Honduras.- Eran las 8:00 de la mañana cuando más de una veintena de policías blindó los accesos de la Corte Suprema de Justicia.
Dentro del edificio todavía no aparecía Juan Orlando Hernández, pero el ambiente ya anticipaba una jornada distinta: el expresidente comparecería por primera vez ante un tribunal hondureño desde su regreso al país para responder por las acusaciones de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II.
Mientras la Sala VI del Tribunal de Sentencia se preparaba para recibirlo, decenas de periodistas ocuparon los pasillos y accesos de la Corte en busca del mejor ángulo para registrar una comparecencia que marcaba un nuevo capítulo en la historia judicial del exgobernante.
A las 8:30 de la mañana, quienes rompieron el silencio fueron sus abogados. Frente a los micrófonos insistieron en que Hernández acudiría a responder a las acusaciones del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, al tiempo que denunciaron que el exmandatario recibía un trato distinto al de otros imputados en la misma causa.
Minutos después apareció el expresidente. Llegó acompañado por su esposa, Ana García; sus hijas, Daniela e Isabela, y su madre, Elvira Alvarado.
A su alrededor se desplegó una comitiva de más de 20 guardaespaldas del Estado que formó un cordón de seguridad para abrirle paso hacia el tribunal.
Durante el ingreso se registraron momentos de tensión cuando varios miembros del equipo de seguridad empujaron y obstaculizaron el trabajo de periodistas y camarógrafos que intentaban documentar su llegada.
El amplio dispositivo contrastó con el esquema de seguridad que habitualmente utiliza el presidente Nasry Asfura en sus actividades públicas, donde suele movilizarse con una escolta considerablemente más reducida. Sin detenerse demasiado, Hernández aseguró que estaba listo para enfrentar el proceso judicial.
Sin embargo, la audiencia no comenzó de inmediato. Un recurso de reposición presentado por la defensa obligó a retrasar la diligencia y prolongó la expectativa dentro y fuera del edificio.
Fue hasta las 10:20 de la mañana, una hora después de lo previsto, cuando el juez declaró instalada la audiencia de declaración de imputado.
Mientras en el interior del tribunal se discutían los argumentos jurídicos, afuera el ambiente era completamente distinto. Cientos de simpatizantes del Partido Nacional permanecían bajo un intenso sol, con temperaturas cercanas a los 30 grados, ondeando banderas y lanzando consignas de apoyo.
Una frase se repetía una y otra vez entre la multitud: "¡No está solo!"
Dentro de la sala, los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República sostuvieron que existían elementos suficientes para imponer detención judicial al expresidente.
Argumentaron que existía riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculizar el proceso penal, por lo que solicitaron que permaneciera privado de libertad mientras continuaban las investigaciones.
La defensa respondió que Hernández regresó voluntariamente al país precisamente para ponerse a disposición de la justicia.
Sus abogados negaron la existencia de riesgo procesal, reiteraron la inocencia del exmandatario respecto a los delitos de fraude y lavado de activos y solicitaron al juez imponer medidas distintas a la prisión judicial.
Al finalizar la audiencia, el juez asignado al caso rechazó la solicitud de detención judicial presentada por la Fiscalía y resolvió imponer medidas distintas a la prisión.
Entre ellas ordenó la prohibición de salir del país y otras medidas cautelares mientras continúa el proceso judicial.
Acompañado nuevamente por su familia y resguardado por el mismo dispositivo de seguridad con el que llegó, Juan Orlando Hernández abandonó el tribunal entre los aplausos y consignas de sus simpatizantes. La primera audiencia en Honduras concluyó, pero el proceso judicial contra el expresidente apenas comienza.
El proceso contra Hernández se enmarca en el caso Pandora II, una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), que lo acusa de los delitos de fraude y lavado de activos.
Según el requerimiento fiscal, el Ministerio Público sostiene que más de 288 millones de lempiras fueron desviados de fondos estatales para financiar, de forma directa e indirecta, la campaña presidencial de 2013.
La Fiscalía atribuye al exmandatario haber recibido y administrado al menos 62 millones de lempiras mediante una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, según la acusación, sirvieron como estructuras fachada para canalizar los recursos.
En este expediente también figuró el expresidente Porfirio "Pepe" Lobo, quien recientemente obtuvo un sobreseimiento definitivo ratificado por la Corte de Apelaciones.
La próxima audiencia fue programada para el miércoles 12 de agosto.
