El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, se reunió este lunes a tempranas horas de la mañana en su residencia de El Chimbo con los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
A la cita acudieron el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera, el titular de Defensa, Marlon Pascua, el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, el jefe del Estado Mayor Conjunto, René Osorio y el nuevo director de Inteligencia, Julián Pacheco Tinoco.
Durante la reunión se analizaron los alcances del decreto 89-2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración de la Policía Nacional, aprobada la semana anterior por el Congreso y publicada ayer en el diario oficial La Gaceta tras haber sido sancionada por el titular del Poder Ejecutivo.
Dicha Ley tiene como objetivo declarar en emergencia el sistema policial por un período de 180 días, a efecto de impulsar de manera acelerada la limpieza de la institución, que ha sido vinculada con el crimen organizado y el narcotráfico.
La iniciativa fue aprobada con carácter de urgencia el pasado jueves y de inmediato el viernes en horas del mediodía el presidente Porfirio Lobo la sancionó ante la presencia de las autoridades del Legislativo.
Instituciones
En la reunión también se habló sobre nuevas acciones que se estarían implementando en los próximos días para garantizar la funcionalidad de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país, conoció EL HERALDO. El gobierno emprendió la semana anterior una serie de medidas encaminadas a combatir la criminalidad y la delincuencia ante el clamor generalizado de la sociedad que demanda una mayor seguridad luego del asesinato del periodista Ángel Alfedo Villatoro.
La semana anterior los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad determinaron dar vida a la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado que funcionará como un órgano independiente encargado de brindar informes de inteligencia a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial previo a la toma decisiones y además apoyará en aspectos de investigación a la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
Dicha Dirección tendrá a su cargo la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) establecida en la recién creada Ley de Intervención de las Telecomunicaciones Privadas, con la cual, mediante la aprobación de un juez, se podrán intervenir las llamadas telefónicas de las personas o grupos que representen una amenaza para el Estado, han explicado las autoridades.
