Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable internacionalmente a Honduras por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, según la sentencia notificada este miércoles 4 de marzo.
De acuerdo con el fallo del tribunal regional, Honduras incurrió en violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la comunidad, debido a decisiones estatales adoptadas sin garantizar procesos adecuados de consulta.
La Corte concluyó que estas vulneraciones se originaron principalmente en la declaratoria y gestión del archipiélago como área protegida, así como en la falta de garantías efectivas para el uso y goce del territorio comunal y su hábitat funcional, situación que generó un clima de hostigamiento e inseguridad que afectó a los miembros de la comunidad garífuna.
Según la sentencia, la comunidad garífuna de Cayos Cochinos mantiene una relación histórica, cultural y espiritual con el mar y la pesca artesanal, actividades esenciales para su subsistencia. Aunque obtuvo títulos de dominio pleno entre 2006 y 2007, el Estado adoptó medidas administrativas y legales sobre el territorio sin asegurar su participación efectiva.
El tribunal señaló que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales incluye el acceso y uso de recursos marinos tradicionalmente utilizados, por lo que el Estado debía garantizar el disfrute efectivo de estos espacios como condición indispensable para preservar la identidad cultural y la vida comunitaria.
La Corte determinó además que Honduras no garantizó el derecho a la participación ni a la consulta previa respecto a medidas como la creación y ampliación del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, la adopción de planes de manejo, la aprobación de la Ley de Pesca y la autorización de actividades turísticas y televisivas dentro del área protegida.
Asimismo, el fallo establece que las restricciones temporales derivadas de la realización de programas televisivos y el incremento de actividades turísticas afectaron la pesca artesanal, impactando directamente la alimentación y las prácticas culturales de la comunidad, lo que contribuyó a la pérdida del control efectivo del territorio.
El tribunal también concluyó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, al considerar que existió un clima de amenazas y violencia contra integrantes de la comunidad sin que se demostraran avances efectivos en las investigaciones de las denuncias presentadas.
En materia judicial, la Corte determinó que Honduras de igual manera vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial debido a la falta de investigación diligente de los hechos denunciados por la comunidad. No obstante, aclaró que el proceso de titulación territorial desarrollado entre 2000 y 2007 se realizó dentro de un plazo razonable, por lo que no se configuró violación en ese aspecto.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó a Honduras adecuar su legislación interna para garantizar la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y tribales; asegurar la participación de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos en la gestión y administración del área protegida; investigar las denuncias presentadas; publicar la sentencia y su resumen oficial; así como pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y reintegrar costas y gastos derivados del proceso judicial.
