Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional y las autoridades de la Secretaría de Seguridad sostuvieron una jornada de trabajo para analizar la efectividad de los planes contra el crimen organizado y la delincuencia común en el país.
Durante la reunión se expusieron los resultados alcanzados, los indicadores de criminalidad y las reformas legales requeridas para potenciar la operatividad policial en los puntos con mayor incidencia delictiva. El análisis de la incidencia criminal refleja una marcada concentración geográfica del delito.
Según los datos presentados por las autoridades policiales, la violencia homicida y los hechos de alto impacto social se focalizan de manera crítica en 30 municipios de la geografía nacional, mientras que el resto del territorio registra índices bajos o nula presencia de homicidios.
"Hemos orientado todo el uso de nuestros recursos para identificar y neutralizar aquellos factores de riesgo que han desarraigado la paz y la tranquilidad en cada una de nuestras comunidades", afirmó Rommel Martínez, viceministro de Seguridad.
Las autoridades del ramo de seguridad destacaron que la institución realiza intervenciones tácticas y operativas directamente en las zonas identificadas con mayor vulnerabilidad social.
Asimismo, manifestaron su apertura para recibir las observaciones y demandas que trasladan los parlamentarios como representantes de las distintas comunidades del país.
Por su parte, los mandos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remarcaron que el trabajo de inteligencia criminal se concentra en desarticular redes delictivas complejas y dar respuesta a las muertes violentas que conmocionan a la sociedad hondureña, como las ejecuciones de mujeres y homicidios múltiples.
"Las investigaciones criminales se desarrollan respetando el debido proceso, la normativa jurídica y los derechos humanos", expresó Rolando Ponce Canales, director de la DPI.
El trabajo de los entes investigativos busca fortalecer los expedientes remitidos al Ministerio Público para reducir las tasas de impunidad que históricamente han afectado al sistema de justicia. Para lograr este cometido, se ha instruido un despliegue especializado en las zonas urbanas y rurales donde las bandas criminales mantienen operaciones.
En el marco del encuentro, los congresistas abordaron la necesidad de endurecer y adecuar la legislación en materia de tránsito, considerando el alto impacto de la siniestralidad vial en el presupuesto hospitalario y la pérdida constante de vidas humanas a nivel nacional.
"La seguridad es importante y con ella no se juega, no es un tema político, es un tema de salvar vidas para el pueblo hondureño", declaró el diputado Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía.
Desde la comisión legislativa se ratificó el compromiso de procesar las iniciativas de ley destinadas a equipar a la Policía Nacional y dotarla de instrumentos jurídicos más contundentes.
Las reformas legales apuntan a sancionar con mayor severidad los delitos de mayor impacto y agilizar los procedimientos operacionales.
El Poder Legislativo mantendrá las mesas de seguimiento con el gabinete de seguridad para monitorear el cumplimiento de los planes focalizados y garantizar que las asignaciones presupuestarias se traduzcan en una reducción tangible de la criminalidad.
