Tegucigalpa, Honduras.- La comisionada nacional de Derechos Humanos de Honduras, Blanca Izaguirre, denunció ante instancias internacionales que el estado de excepción en el país “se ha desnaturalizado”, al ser prorrogado en más de una veintena de ocasiones desde su aprobación en diciembre de 2022, muchas de ellas sin cumplir los procesos constitucionales.
En el marco de las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Izaguirre afirmó que esta medida, concebida para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, “no es idónea” y ha derivado en múltiples violaciones a los derechos fundamentales.
“Se han reportado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales y allanamientos que carecen de garantías básicas. Como institución nacional de derechos humanos hemos rechazado el estado de excepción porque carece de idoneidad y es violatorio de derechos humanos”, declaró.
Más de mil denuncias registradas
En su contribución escrita al IV Ciclo del EPU, el Conadeh documenta que desde diciembre de 2022 se han recibido más de 1,000 quejas relacionadas con abusos cometidos en el marco del estado de excepción. Entre ellas figuran denuncias por detenciones arbitrarias, tortura, robo de pertenencias, destrucción de propiedad privada y violencia sexual.
El informe señala que incluso el Ministerio Público ha procesado a siete oficiales de la Policía Nacional, ocho agentes de la DPI y 11 de la Dipampco por delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y allanamiento de morada.
Recomendaciones internacionales
El Conadeh advierte que la suspensión prolongada de garantías constitucionales compromete la responsabilidad internacional del Estado hondureño y debilita la democracia, sobre todo en un año electoral.
En ese sentido, recomendó al Poder Ejecutivo abstenerse de seguir prorrogando el estado de excepción; al Congreso Nacional, ejercer control legislativo sobre los decretos; y a la Corte Suprema de Justicia, revisar de oficio la legalidad de las prórrogas.
Finalmente, la institución solicitó al Estado cesar la medida y adoptar una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género, orientada a atacar las causas estructurales de la violencia en Honduras.
