Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por las más de 116 muertes violentas de mujeres registradas en Honduras en lo que va de 2026 y exhortó a las instituciones del Estado a fortalecer las acciones de prevención, investigación y sanción de estos crímenes.
A través de un comunicado, la titular del organismo, Blanca Izaguirre, condenó enérgicamente la violencia que continúa afectando a mujeres y niñas en el país, señalando que estos hechos no son casos aislados, sino manifestaciones de problemas estructurales relacionados con la discriminación, la desigualdad y la violencia de género.
El Conadeh recordó que el Estado hondureño tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la igualdad de las mujeres.
Asimismo, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben actuar con debida diligencia reforzada para prevenir la violencia, investigar de forma oportuna e imparcial las muertes violentas, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
La institución también valoró como un avance las recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional al Código Penal en materia de protección de los derechos de las mujeres y niñas. Sin embargo, advirtió que la efectividad de estas medidas dependerá del fortalecimiento institucional, el seguimiento adecuado y la asignación de recursos suficientes para su implementación.
Entre las recomendaciones planteadas, el Conadeh exhortó al Ministerio Público y a la Secretaría de Seguridad a destinar recursos técnicos y financieros específicos para garantizar la aplicación efectiva de las reformas penales relacionadas con la violencia contra las mujeres.
Además, pidió al Ministerio Público y a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecer un protocolo de auditoría y revisión mensual de los expedientes correspondientes a las 116 muertes violentas de mujeres registradas este año, con el fin de garantizar investigaciones con perspectiva de género, reducir la impunidad y asegurar el derecho a la verdad para las víctimas y sus familias.