Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) alertó este martes que el pago de prestaciones a funcionarios de alto rango -como ministros, viceministros, directores y demás cargos de confianza- es improcedente y podría representar un impacto millonario para las finanzas públicas.
La advertencia surge de un análisis jurídico firmado por Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Cohep y presidente del Colegio de Abogados de Honduras.
Según detalla el informe, la ley hondureña establece que estos cargos forman parte del “servicio excluido”, es decir, puestos de confianza nombrados y removidos libremente por la Presidencia. Debido a su carácter temporal, no tienen derecho a auxilio de cesantía ni a otras indemnizaciones reservadas para empleados con permanencia.
No obstante, se puntualizó que el pago era aplicado únicamente al personal que había sido ascendido a un puesto de ministro o viceministro mediante la “carrera administrativa”.
Solórzano explicó en declaraciones al canal HCH que esta reforma transitoria vulnera la normativa administrativa vigente y abre la puerta para que los funcionarios mejor remunerados reciban montos que podrían superar el millón de lempiras por persona, dependiendo del cargo y el salario. El impacto total podría acercarse a los mil millones de lempiras, aproximadamente.
El abogado detalló que las leyes del Servicio Civil y de Administración Pública son claras: quienes ocupan cargos de ministro, subsecretario, secretario general, gobernadores políticos, directores de instituciones, diplomáticos, miembros del Consejo del Servicio Civil, entre otros, son cargos temporales y, por tanto, no califican para auxilio de cesantía.
El informe exhorta a presentar acciones de inconstitucionalidad y a que el Congreso Nacional revierta la disposición, para evitar un precedente que, según Solórzano, “daña aún más la frágil seguridad jurídica del país” y compromete recursos públicos en momentos de alta presión fiscal.
El tema de las prestaciones a funcionarios de "servicio excluido" tomó gran relevancia con la publicación del Decreto Legislativo No. 108-2021 y posteriormente con las reformas dentro de la Ley de Presupuesto en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
