El Juzgado de Letras Penal citó al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, para que rinda una formal declaración por hechos relacionados al crimen de los universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda.
El doble asesinato aconteció el 21 de octubre de 2011, diez policías fueron acusados, entre ellos tres oficiales.
Cuatro de estos, el subinspector Carlos Galeas y los agentes Santos Arnulfo Padilla, Wilfredo Figueroa y José Rubén Pozo, fueron liberados tras ser detenidos y puestos bajo custodia en la jefatura Metropolitana 01. El expediente continúa abierto para determinar si se amplían acusaciones.
“Es necesario recibir la declaración del señor ministro de Seguridad (Bonilla) en virtud de que fue, según la secuencia histórica, la última persona que los tuvo en su despacho”, expresó el fiscal de Derechos Humanos, German Enamorado. Su comparecencia es en calidad de testigo, ya que se busca esclarecer dudas en torno a si de la oficina del ministro habrían salido libres los cuatro policías.
Explicó que la intención es deducir responsabilidad para funcionarios que pudieron haber realizado actos que interrumpieron la investigación de la muerte de los dos jóvenes.
Por obstruir la investigación, la Fiscalía acusó al extitular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), comisionado de Policía Marco Tulio Palma Rivera; y del exjefe de la Metropolitana I, subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández.
Estos se encuentran en el desarrollo de la audiencia inicial, que se evacúa en el Juzgado Penal.
La juez que conoce la causa agendó la declaración de Pompeyo Bonilla, para que rinda un testimonio sobre este caso. Se libró comunicación para que conteste dónde desea rendir su versión, informó. Además, serán llamados otros oficiales de la Policía Nacional.
