Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Honduras responsable internacionalmente por la detención arbitraria y discriminatoria de Leonela Zelaya, una mujer trans, así como por la falta de debida diligencia en la investigación de su muerte, ocurrida en septiembre de 2004.
En la sentencia del Caso Leonela Zelaya y otra vs. Honduras, notificada este 19 de enero de 2026, el tribunal regional concluyó que el Estado hondureño violó múltiples derechos humanos de la víctima, tras comprobar que Leonela Zelaya fue detenida de manera ilegal y arbitraria en tres ocasiones durante 2004, bajo una normativa ambigua que otorgaba un margen excesivo de discrecionalidad a las autoridades policiales.
La Corte también determinó que durante las detenciones y el proceso posterior a su muerte, el Estado desconoció la identidad y expresión de género de Leonela Zelaya, lo que constituyó una violación a sus derechos a la personalidad jurídica, vida privada, nombre, libertad personal, libertad de expresión, igualdad y no discriminación.
Investigación deficiente
Aunque la CIDH no atribuyó responsabilidad directa al Estado por la muerte de Leonela Zelaya ni encontró pruebas suficientes sobre presuntos actos de tortura durante las detenciones, sí concluyó que existieron graves deficiencias en la investigación del crimen.
Entre las omisiones señaladas figuran la falta de identificación adecuada de la víctima, la ausencia de documentación de la escena del crimen, la omisión de testimonios clave y la no exploración de hipótesis vinculadas a la violencia estructural contra mujeres trans, así como el incumplimiento del plazo razonable en la investigación.
Estas fallas, según el fallo, vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de Thalía Rodríguez, pareja de Leonela Zelaya durante nueve años, quien además fue reconocida como víctima por la afectación a su integridad personal, derivada de la demora injustificada y la falta de diligencia estatal.
Reparaciones ordenadas
La Corte tomó en cuenta que el Estado de Honduras reconoció parcialmente su responsabilidad internacional y estableció que la sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.
No obstante, ordenó a Honduras medidas adicionales, como desarchivar el expediente y reimpulsar la investigación para identificar y sancionar a los responsables de la muerte de Leonela Zelaya. Además, publicar la sentencia de manera oficial y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Adecuar la Ley de Policía y Convivencia Social, a fin de definir de forma clara y previa las causas que permitan sanciones contravencionales que impliquen privación de libertad.
Leonela Zelaya era una mujer trans, trabajadora sexual, en condición de pobreza y portadora de VIH. El fallo de la CIDH subraya el deber reforzado de los Estados de proteger a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente frente a la discriminación por identidad de género.
