Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones de la sociedad civil presentaron este lunes un llamamiento urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando la adopción de medidas cautelares para la protección de la democracia y la independencia de los órganos electorales.
El documento expone una serie de hechos que, según las organizaciones, evidencian una grave crisis institucional y electoral que amenaza con afectar la transparencia y legalidad de los comicios generales.
Uno de los principales argumentos que señala es la prolongación del estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 y prorrogado más de veinte veces. Las organizaciones advierten que la medida, que suspende garantías como la libertad de circulación y reunión, se ha convertido “en una regla permanente” con implicaciones directas sobre el ejercicio de los derechos políticos.
El documento también recuerda la desorganización en las elecciones primarias de marzo, mencionando el incumplimiento de las Fuerzas Armadas (FF AA) en su rol de custodia del material electoral, pues, según los denunciantes, estas deficiencias “no fueron investigadas por el Ministerio Público, pese a las denuncias presentadas”.
A la lista de casos pre-electorales se suma la difusión pública de audios por parte del fiscal general del Estado, los cuales, según el documento, fueron utilizados como "supuestas pruebas sin haber sido validados" por autoridad judicial competente, algo que las organizaciones consideran como una acción vulnera el principio de presunción de inocencia y representa una “intromisión indebida en la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
El documento también señala al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), resaltando que la resolución del 28 de octubre -en la que se ordenó inscribir al candidato a diputado del Partido Liberal por Olancho, Jorge Cálix, quien previamente rechazado por el CNE- derivó en allanamientos e incautaciones ordenadas por el Ministerio Público. Esta acción, aseguran, constituye “una interferencia directa en la función judicial electoral”.
Por otro lado, denunciaron que la mandataria hondureña, Xiomara Castro, habría ordenado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de transmisión y resguardo de actas electorales, lo cual -según el escrito- viola los artículos 272 y 273 de la Constitución de la República, que limitan su papel a funciones de defensa y seguridad nacional.
Asimismo, rechazan la inactividad prolongada del Congreso Nacional, donde una autoconvocatoria de diputados fue declarada inválida por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien instaló una “comisión permanente”; sostienen que “mantiene cerrado el pleno legislativo y restringe el debate democrático en pleno proceso electoral”.
