Tegucigalpa, Honduras. -El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos de entre 10 y 15 años, si es declarado culpable de los cargos que lo acusa el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía lo acusa de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, así como de la libertad de prensa y de expresión.
El requerimiento fiscal fue presentado este miércoles ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán.
El Ministerio Público también solicitó que Roosevelt Hernández sea citado en legal y debida forma para la celebración de la audiencia de declaración de imputado, etapa en la que un juez determinará el curso inicial del proceso.
De acuerdo con el artículo 213 del Código Penal, el delito de incitación a la discriminación se sanciona con una pena de uno a dos años de prisión y una multa de 100 a 500 días para quien promueva públicamente la discriminación, la hostilidad o la violencia contra una persona o grupo por motivos protegidos por la ley.
Asimismo, el artículo 548 del Código Penal establece que el delito de limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales se castiga con dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público durante un período de 10 a 15 años, cuando un funcionario o empleado público restrinja, suspenda o impida de forma arbitraria el ejercicio de derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa.
En caso de que un tribunal determine su responsabilidad penal por ambos delitos, las penas que eventualmente se impongan deberán ser definidas conforme a las reglas de individualización y concurso de delitos previstas en la legislación hondureña.
Por ahora, Roosevelt Hernández mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial y corresponde a los tribunales determinar si existe responsabilidad penal por los hechos que le atribuye el Ministerio Público.
Este miércoles, el Juzgado de Letras Penal confirmó el ingreso del requerimiento fiscal contra Hernández.
