Tegucigalpa, Honduras.- Robert Carmona-Borjas, abogado, profesor universitario, CEO y cofundador de Arcadia Foundation, ha sostenido durante años una línea de denuncia frontal contra la corrupción, la impunidad y la degradación institucional en Honduras y en el resto del mundo.
En entrevista con EL HERALDO, Carmona-Borjas advierte que lo ocurrido bajo el proyecto político de Mel Zelaya, Xiomara Castro y el partido Libre no puede reducirse a una simple disputa electoral.
Lo que está en juego —afirma— es la capacidad misma de Honduras para seguir siendo una República regida por la ley y no por la intimidación, la captura institucional ni la impunidad.
EL HERALDO: Las elecciones en Honduras estuvieron marcadas por procesos atípicos, denuncias de boicot, uso de instituciones públicas contra actores democráticos y abuso del partido de gobierno. ¿Se debe someter a juicio político a las personas que atentaron contra la democracia?
RCB: Sí. Y conviene decirlo con absoluta claridad: eso no es revancha; eso es higiene republicana. Una democracia no puede sobrevivir si quienes utilizaron posiciones institucionales para deformar la competencia política, intimidar adversarios, presionar órganos del Estado o erosionar la confianza pública salen de escena con la tranquilidad de quien solo participó en una riña partidista más. No. Cuando se instrumentaliza el poder para alterar el equilibrio democrático, lo que se agrede no es a un partido: se agrede a la República.
Honduras tiene que abandonar esa cultura servil según la cual todo abuso termina relativizado porque “así es la política”. No, así no es la política democrática. La política democrática tiene reglas. Lo otro es facción, captura y descomposición. Si hubo abuso de autoridad, manipulación institucional, omisiones deliberadas, presión sobre órganos electorales, uso indebido del Ministerio Público o actuaciones orientadas a sabotear el curso normal del proceso, entonces deben activarse todos los mecanismos que correspondan. Políticos, administrativos, penales y patrimoniales. Lo contrario sería institucionalizar la cobardía.
Y esto no debe confundirse con retaliación. Las democracias maduras entienden que exponer un abuso no equivale a perseguir a quien lo cometió, sino a impedir que el poder quede por encima de la ley. Incluso en Estados Unidos hemos visto cómo presiones indebidas del poder político sobre grandes plataformas y otras irregularidades graves han sido llevadas al escrutinio público e institucional no para ‘dividir’ al país, sino para restablecer límites, depurar responsabilidades y recordarle al Estado que no puede operar al margen de sus propias reglas. Honduras tiene que aprender esa lección: nombrar el abuso y exigir consecuencias no destruye la democracia; lo que la destruye es normalizar el abuso por miedo al conflicto.
Y aquí hago un llamado directo al presidente Nasry Asfura, al Partido Nacional, al Partido Liberal y a toda autoridad que comprenda la gravedad del momento. Gobernar no es administrar ruinas ni sonreír ante quienes quisieron incendiar el sistema. Gobernar es rescatar el país. Y rescatarlo exige firmeza. Honduras no puede seguir tratándose con mano blanda frente a quienes ya demostraron que están dispuestos a usar el Estado como ariete contra la legalidad.
EL HERALDO: Usted plantea que esto no debe verse como una simple disputa política, sino como una agresión contra el orden democrático. Cuando se habla de juicio político o de acciones judiciales, algunos sostienen que eso podría profundizar la división de la sociedad hondureña. ¿Es un riesgo real o es indispensable sentar precedentes?
RCB: Pasar la página sin leerla es una forma elegante de pactar con la repetición. Esa ha sido una de las grandes miserias de nuestras élites: pedir concordia antes que verdad, calma antes que justicia y silencio antes que rendición de cuentas. Así no se pacifica un país. Así se lo pudre.
La división hondureña no nace de la justicia. La división la produjo el abuso, la arrogancia del poder y la percepción —cada vez más extendida— de que existen castas políticas que pueden violar la ley sin consecuencia alguna. Lo que fractura a una sociedad no es ver al Estado investigar; lo que la fractura es ver que el ciudadano común responde por todo, mientras los grandes operadores del deterioro institucional son tratados como si sus actos fueran simples excesos del oficio.
La justicia, cuando es seria, no divide: ordena. Lo que divide es la impunidad selectiva. Lo que envenena es el privilegio. Por eso Honduras no necesita una justicia teatral ni vindicativa. Necesita una justicia ejemplar. Porque el precedente importa. Si hoy se deja establecido que es posible comprometer la neutralidad institucional, jugar con el equilibrio electoral, presionar desde el poder y luego refugiarse en un discurso de “pacificación”, entonces lo que se está sembrando no es reconciliación, sino la próxima crisis.
EL HERALDO: Usted sostiene que no puede haber responsabilidades abstractas, sino concretas. En ese contexto, figuras como Marlon Ochoa, el fiscal general Johel Zelaya, el exjefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández y Luis Redondo, ¿deben enfrentar la justicia o lo que hicieron forma parte del juego político?
RCB: No. Eso no forma parte del juego político. Esa frase ha sido una de las coartadas más dañinas de América Latina, porque convierte la degradación institucional en costumbre tolerable. El juego político no incluye usar instituciones que pertenecen a toda la Nación como si fueran patrimonio de una facción. El juego político no incluye normalizar conductas que, si se prueban con el debido estándar, pueden comprometer responsabilidades gravísimas.
Cuando un consejero electoral actúa de manera tal que profundiza la incertidumbre, erosiona la confianza en el arbitraje institucional y contribuye al deterioro del proceso, no estamos ante una simple dureza política. Cuando un fiscal general guarda un silencio insoportable frente a hechos de extrema gravedad —como el narcovideo— y, al mismo tiempo, utiliza el poder del Ministerio Público de forma políticamente perturbadora en momentos de máxima sensibilidad electoral, no estamos ante una diferencia técnica: estamos ante un problema de credibilidad institucional de primer orden. Cuando la jefatura militar deja de transmitir serenidad constitucional y se convierte en factor de inquietud pública, no estamos ante una anécdota. Y cuando desde el Congreso se atropellan las formas, se violenta la deliberación y se pretende sustituir la legalidad por la imposición, lo que existe no es firmeza política: es corrosión del Estado de Derecho.
Cada uno de ellos debe obligatoriamente responder según sus actos y según la prueba que exista contra ellos. Ese es el punto civilizado. Yo no hablo de linchamientos, hablo de responsabilidad. Pero precisamente porque hablo en serio, también digo esto: Honduras no puede seguir tolerando que lo más grave se archive bajo el eufemismo de “así funciona la política”. No. Así funciona la decadencia. Y una República seria no puede aceptar esa degradación como normalidad.
EL HERALDO: Usted ha advertido también sobre el riesgo de que LIBRE pase de la captura institucional a una estrategia de ingobernabilidad. ¿Cómo visualiza el panorama para Honduras? ¿Cree que LIBRE ya no tiene futuro político tras la caída de Nicolás Maduro y otros gobiernos de izquierda?
RCB: LIBRE podría tener futuro únicamente si aceptara comportarse como una fuerza democrática ordinaria, sometida a límites, reglas y alternancia. Lo que no debería tener futuro en Honduras es el método político del socialismo del siglo veintiuno: capturar el lenguaje, deformar las instituciones, victimizarse mientras se abusa del poder y, cuando se pierde capacidad de control, trasladar el conflicto a la calle mediante agitación, presión organizada y fabricación deliberada de ingobernabilidad.
Eso es lo que me preocupa hoy. Y no lo digo en abstracto. Lo estamos viendo en el modo en que se está intentando explotar políticamente el debate sobre los combustibles. Hay un aumento internacional real, que no nace en Honduras ni depende de un acto voluntario del nuevo gobierno. Sin embargo, LIBRE intenta convertir ese hecho externo en una herramienta de excitación interna, como si bastara una consigna para abolir la realidad económica. Se manipula a la población haciéndole creer que todo puede resolverse por simple voluntad política, ocultando que el Estado no dispone de recursos infinitos y que absorber artificialmente cada incremento tiene un costo fiscal que alguien termina pagando. Ahí empieza la irresponsabilidad y ahí también empieza la demagogia.
Ese es el punto de fondo: tomar una presión económica real, simplificarla hasta volverla una consigna de calle y usarla para alimentar malestar, hostilidad y deslegitimación. No se busca explicar el problema, sino capitalizarlo. No se busca una solución seria, sino un pretexto de movilización. Y cuando esa lógica se combina con colectivos, estructuras de presión y una narrativa de confrontación permanente, lo que se prepara no es oposición democrática, sino una estrategia de desgaste orientada a dificultar la gobernabilidad desde el primer momento. Eso fue justamente lo que advertí en uno de mis videos al explicar cómo ciertos sectores de LIBRE pueden intentar incubar desorden social a partir de causas reales manipuladas con fines de sabotaje político.
La caída de Maduro tiene, desde luego, un peso simbólico importante, pero no resuelve por sí sola el problema hondureño. Los aparatos de poder no se desarman por contagio. Se desmontan con ley, con autoridad, con inteligencia política y con la decisión de no ceder ante la intimidación sentimental ni ante el chantaje callejero. El futuro de LIBRE dependerá de si insiste en ser el vehículo hondureño de un proyecto agotado, agresivo y desestabilizador como es el socialismo del siglo XXI, o si acepta finalmente una verdad básica de toda democracia: se puede perder el poder sin incendiar el país. Si escoge lo primero, su desgaste será profundo. Si escoge lo segundo, tendrá que renunciar a la demagogia incendiaria, a la coacción de masas y a esa costumbre de convertir cada dificultad nacional en combustible para la confrontación.
EL HERALDO: Usted ha dicho que con Nasry “Tito” Asfura puede abrirse una nueva etapa. ¿Cuál será el rol de Estados Unidos con su gobierno? ¿Ve más cooperación y más ayuda?
RCB: Sí, veo una oportunidad importante, pero no una absolución automática ni un cheque en blanco. Estados Unidos cooperará más con Honduras en la medida en que Honduras demuestre que quiere ser un socio serio. Y un socio serio no es el que solo pide respaldo o exhibe afinidad política. Es el que ofrece confiabilidad institucional, lucha real contra el narcotráfico, compromiso verificable contra la corrupción y defensa efectiva de estándares democráticos.
Con el presidente Asfura puede abrirse una etapa muy favorable en materia de seguridad, inversión, comercio, infraestructura, migración ordenada y articulación estratégica con Washington. Puede haber acuerdos muy beneficiosos para Honduras y una relación mucho más fluida. Pero todo eso está condicionado a una premisa básica: ninguna alianza internacional sustituye la obligación nacional de limpiar la casa.
Y en ese punto también debe haber una vigilancia clara por parte de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, hoy bajo la conducción de la encargada de negocios Colleen Anne Hoey. La cooperación entre Washington y Tegucigalpa puede ser amplia y estratégica, pero no debe descansar sobre consignas ni sobre gestos vacíos. Debe apoyarse en hechos verificables. Estados Unidos haría bien en mantenerse atento a si los compromisos de lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico se están cumpliendo de manera real, sostenida y sin dobles discursos. Porque no se fortalece a un país encubriendo sus evasiones internas, sino exigiéndole seriedad institucional.
Es más, lo diré sin rodeos: Honduras no puede seguir esperando que sean los tribunales de Estados Unidos los que hagan la justicia que el propio Estado hondureño se niega a ejercer por cobardía, complicidad o captura institucional. Eso es humillante para cualquier República. Si la cooperación con Estados Unidos va a ser realmente grande —y puede serlo—, tiene que descansar sobre un compromiso interno serio con la depuración, con la legalidad y con la decisión de que el crimen político, la corrupción y la instrumentalización del poder no volverán a administrarse como si fueran simple folklore de gobierno.
El momento es promisorio, sí. Pero las oportunidades históricas también se pierden. Si el nuevo poder cree que basta con haber llegado, se equivoca. Ahora tiene que gobernar. Y gobernar, en esta hora, significa desmontar redes de impunidad, recuperar instituciones, impedir que la presión callejera suplante al derecho y demostrar que Honduras no volverá a ser rehén del chantaje, del miedo ni de la degradación moral del poder. Si hay firmeza, vienen grandes cosas. Si no la hay, el país corre el riesgo de regresar, más temprano que tarde, al mismo círculo de desgaste, sabotaje e impunidad que tanto daño le ha hecho.
