La cancillería de la República envió los acuerdos de suspensión de los ocho cónsules que se venían desempeñando en varias ciudades Estados Unidos y que fueron separados tras denuncias de emisión y venta de documentos ilegales a hondureños.
Así lo dio a conocer la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Diana Valladares.
El propio presidente Juan Orlando Hernández emitió, la noche del sábado, un acuerdo en el que prohíbe la emisión y venta de carnés consulares, ya que la única identificación válida para los hondureños es la tarjeta de identidad y el pasaporte.
Los diplomáticos suspendidos son: Francisco Quezada Lobo, de Nueva York; Lizette Hawitt, de Miami; Gerardo Agüero, de Los Ángeles; Emelisa Callejas, de Atlanta; Elka Herrera, de Nueva Orleans; José Erasmo Montalván, de Chicago; Vicenzo Balleta, de Dallas; y Leonel Zúniga, de Houston.
“Lo que prosigue es que se notifica la separación, el procedimiento de cancelación después de las instrucciones que giró el presidente Hernández... Se están elaborando en cancillería para poder enviarlos a los ocho cónsules que han sido suspendidos de sus cargos”, dijo.
Valladares sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores aguardará las nuevas instrucciones de la Presidencia para proceder a designar a las personas que sustituirán a los separados.
De igual manera, mencionó que de momento los vicecónsules designados en cada una de las ocho sedes hondureñas deben asumir la responsabilidad de esas dependencias para evitar que se suspenda la atención a los compatriotas.
“Vamos a esperar las instrucciones del Presidente sobre quiénes van a ser esas personas que van a sustituir esos cónsules para que puedan trasladarse de inmediato a las diferentes ciudades y, mientras tanto, estará a cargo el segundo de cada uno de los consulados para no interrumpir el trabajo”, dijo la funcionaria.
El gobierno de la república no ha aclarado qué determinación se tomará contra las máximas autoridades de cancillería, ya que las emisiones de estos carnés consulares se hicieron pese a que existían circulares, de 2011 y 2013, que lo prohibían.
Tanto Mireya Agüero como Diana Valladares y Roberto Ochoa eran las máximas autoridades de Relaciones Exteriores desde el gobierno pasado.
