La iniciativa de ley encaminada a intervenir y depurar la policía de Honduras ingresó este jueves al Congreso Nacional.
La propuesta ingresa a la discusión y aprobación de los diputados en medio de las expectativas de los sectores políticos y sociales que estiman que esta normativa adecentará los órganos de investigación, acabará con la impunidad y, por ende, con la inseguridad en Honduras.
El proyecto de decreto no solo comprende la intervención y depuración de la Policía, sino que abarca al Ministerio Público y al Poder Judicial en general, por formar parte de los operadores de justicia.
EL HERALDO fue un bastión de las denuncia sobre la podredumbre policial, así como de las implicaciones de agentes y otros órganos de justicia con el crimen organizado, por lo que esta ley viene a ser una respuesta al clamor de la ciudadanía porque se adecente la seguridad en Honduras.
Comisión especial
Mediante esta ley se creará una Comisión de Reforma a la Seguridad Pública que tendrá carácter temporal y con independencia administrativa y financiera.
Su función es acelerar la investigación y depuración de los órganos de justicia, diseñar estrategias para la reforma y depuración.
Estará conformada por cinco miembros, de los cuales tres deberán ser nacionales, con derecho a voz y voto, y dos extranjeros. Para los miembros nacionales se exigen requisitos rigurosos como no pertenecer a ningún político, no haber sido ni policía ni militar, una hoja limpia, mayor de 30 años y un perfil profesional de excelencia en varias materias.
Los miembros internacionales deberán ser profesionales altamente calificados en temas de seguridad democrática, en reforma policial, con amplia experiencia de trabajo en este campo. Serán solicitados a países cooperantes con experiencia en reforma policial.
El proyecto de ley fue presentado ayer por el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y de inmediato pasó a la Comisión de Seguridad del CN, reforzada por un miembro nombrado por los jefes de las cinco bancadas legislativas.
Ayuda internacional
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, pidió a la comisión trabajar en el dictamen durante el resto de la semana y presentar su trabajo a más tardar el miércoles de la próxima para iniciar su discusión y aprobación.
'Esto no puede esperar más', dijo Hernández. Tengan fe, compañeros, que vamos a salir adelante y la mejor forma es que ahora ya no estamos solos en el Congreso; estamos unidos con mucha gente que tiene conciencia de que el país lo podemos rescatar. La paz y la tranquilidad de Honduras es primero, nacimos con eso y no lo podemos dejar perder', afirmó el titular del Legislativo.
Hernández solicitó a la comisión de seguridad que se instale en estos días y que busque el apoyo de organismos como el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 'que nos ha ofrecido respaldo'.
También les solicitó recurrir a otras instituciones que han planteado el tema de la creación de una comisión contra la impunidad, así como buscar la asesoría de países como Colombia, España, Estados Unidos y Chile, cuyos gobiernos a través de sus embajadores han ofrecido su ayuda.
Indicó que 'todos juntos vamos a sacar esta iniciativa a través de un debate profundo y con mucha pasión por aquellos hondureños que han sido víctimas de la delincuencia y por todos los hondureños que anhelamos vivir en paz y seguridad en nuestro país'.
La reforma es integral
El proyecto de ley es producto del trabajo de dos meses de una comisión técnica nombrada por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en la que estuvieron involucrados personeros de la sociedad civil, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Secretaría de Seguridad y Congreso Nacional.
Esta iniciativa es una respuesta a las madres, a las esposas, a los hijos que han sido afectados por la criminalidad, y es un compromiso de quienes tenemos la responsabilidad en el campo de la justicia y la seguridad para que podamos vivir en un clima de paz y tranquilidad y podamos heredar a nuestros hijos una mejor Honduras, dijo el ministro de Seguridad ante el pleno.
La policía
En la exposición de motivos argumenta que la Policía es el punto más visible del deteriorado sistema de seguridad y justicia, pero problemas similares se encuentran en el Ministerio Público y en el poder Judicial, los cuales deben ser igualmente investigados, reorganizados y depurados.
En materia de reforma policial se deben ejecutar acciones mediatas e inmediatas, según el espíritu de los proyectistas. La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública será la responsable de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluya la reestructuración de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Se tomará como información inicial para la propuesta referida a los diagnósticos presentes y futuros que realicen los organismos operadores de justicia en Honduras.
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Investigación de la Policía Nacional de Honduras
La Comisión tendrá, entre sus funciones y atribuciones: vigilar, dar seguimiento y supervisar que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) cumpla con sus funciones, ejecutando entre sus tareas la investigación dentro de la policía, desde la cúpula hasta su base los actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, delitos de distinto tipo, modus de operar en la ejecución de acciones delictivas, abusos policiales y estructuras delincuenciales existentes dentro de la Policía, así como los vínculos clandestinos para cometer ilícitos existentes entre la Policía, el crimen organizado, las pandillas y cualquier estructura delincuencial.
También se investigará la procedencia del patrimonio de los policías, estableciendo sus ingresos y comparándolas con sus posesiones y propiedades, en bienes muebles e inmuebles, así como las de sus cónyuges y compañeros de hogar, así como las de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en los últimos diez años.
Todos los expedientes investigativos deberán ser remitidos al Ministerio Público. La Comisión de Reforma apoyará técnica y científicamente a la DIECP, pudiendo crear comisiones ad hoc para los procesos investigativos.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, dijo ayer en su discurso de inauguración de la tercera legislatura, que 'vamos a darle a Honduras una Policía Preventiva totalmente depurada, confiable y digna; además, vamos a crear una nueva fuerza policial con disciplina y absolutamente respetuosa de los derechos humanos'.
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Víctimas
En la presentación del proyecto de ley estuvieron la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, miembro de la comisión técnica que elaboró dicha propuesta. Castellanos es madre de Alejandro Vargas Castellanos, uno de los estudiantes universitarios asesinado por policías.
También asistió la señora Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, analista y asesor en materia de seguridad de la Policía, exdirector de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que también fue asesinado por sicarios
hace unos 60 días.
Puntos de la ley
Comisión.
Se crea Comisión de Reforma de la Seguridad Pública compuesta por tres miembros nacionales y dos internacionales.
Escogencia.
Los miembros nacionales serán seleccionados por los titulares del CN, del Ejecutivo y la rectora de la UNAH, y nombrados por el Presidente de la República.
Expertos.
Los miembros internacionales deberán ser expertos en reforma policial y serán solicitados a países donde ha habido experiencias exitosas en ese campo.
Funciones.
Una de las funciones será diseñar y dirigir los procesos de investigación y depuración de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La DIECP.
Las investigaciones, sanciones y expedientes que resulten de los hechos investigados serán manejados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y remitidos al Ministerio Público.
Investigación.
Serán investigados desde la cúpula hasta la base policial, los fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados del Poder Judicial.
La UNAH.
A través de sus unidades técnicas científicas asistirá los procesos de investigación y de reestructuración de los operadores de justicia.
Plazo.
La comisión ejercerá sus funciones por un término de tres años, pudiendo el Ejecutivo prolongar su mandato.
Presupuesto.
Los gastos de la comisión serán con cargo al presupuesto de la Presidencia de la República. Los fondos de cooperación internacional los manejará la comisión mediante un fideicomiso que será creado al efecto.
