El decreto que crea la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública deja claramente establecido que no solo los miembros de la Policía serán investigados, sino también los fiscales del Ministerio Público y los jueces nombrados por el Poder Judicial.
La depuración
abarca a las tres instituciones operadoras de justicia, explicó el diputado Armando Calidonio, que fue quien propuso que se adicionara al dictamen dos incisos: uno aplicable al Ministerio Público y otro al Poder Judicial, con el mismo espíritu con que se investigará a los miembros de la policía.
En consecuencia, igual que a los miembros de la carrera policial, la ley establece que se investigarán dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial los actos de corrupción los vínculos que pudieran tener tanto los fiscales como los jueces con el crimen organizado, las pandillas o cualquier otra estructura delincuencial.
Se investigará la procedencia del patrimonio, determinando sus ingresos (de jueces y de fiscales) y comparándolos con sus propiedades en bienes muebles e inmuebles, así como las de sus cónyuges o compañeros de hogar y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, durante los últimos diez años; en caso de haber incongruencias entre los ingresos y el patrimonio del investigado, debe remitir copia certificada del expediente al Tribunal Superior de Cuentas (TSE) para los efectos de la ley.
Vale destacar que la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública certificará y dará seguimiento a los procesos de investigación y depuración que se efectúen en estos organismos, tal como lo establece en el artículo 4 del decreto.
En el caso de la policía, el proceso lo realizará la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial; la Coordinación Nacional de Fiscales en el caso del Ministerio Público y la Inspectoría de Juzgados y Tribunales en el Poder Judicial.
Durante el debate se le instruyó a la comisión de estilo que al momento de pulir el decreto que será enviado al Ejecutivo para su sanción se agregaran los dos incisos al artículo 4, que habla de las funciones y atribuciones de la Comisión de Reforma.
La referida comisión, que tendrá duración de tres años, se encargará de diseñar y proponer el proyecto de creación de la Inspectoría Nacional de Seguridad Pública, con amplia participación ciudadana, así como también la propuesta del Consejo Superior de Ética Policial, elaborar y proponer un nuevo Código de Ética de la Policía y dar impulso a la aprobación del proyecto de reforma penitenciaria.
Una vez que la ley sea sancionada y publicada en diario La Gaceta, el siguiente paso es la selección y propuesta de candidatos por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la rectoría como representante de la Universidad Nacional, los que serán nombrados por el presidente de la República.
Los dos miembros extranjeros serán seleccionados y solicitados a países cooperantes con experiencia en seguridad democrática y reforma policial.
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