Un grupo de campesinos invadió anoche una finca de palma africana ubicada en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, al norte de Honduras.
Se trata de la finca Palmeras que pertenece a una Organización No Gubernamental, cuyas oficinas están ubicadas en la ciudad de Comayagua, en la región central de Honduras, y que se dedica a proporcionar educación a jóvenes de escasos recursos.
'Nos sumamos a esta enorme preocupación que vive el país' por las invasiones de tierras, dijo Manuel de Jesús Cartagena, director ejecutivo de la ONG, que tiene su radio de acción en Comayagua y el Bajo Aguán.
Precisó que su organización llegó al Bajo Aguán en 1993 'y ha beneficiado a miles de muchachos (...) y en ese afán hemos construido centros educativos y de asistencia social'.
'Hemos venido luchando con grandes dificultades por adquirir áreas de terreno que nos permitan desarrollar cultivos para sostenernos como institución', dijo el director de la ONG, que cuenta con una finca de 80 manzanas en el sector conocido como Dos Bocas, en Santa Rosa de Aguán.
El ingeniero mencionó que en horas de la noche fueron informados de la presencia de un grupo campesino, que invadió la finca de la ONG y comenzó a robar y a vender la fruta de la palma africana.
A inicios de agosto, supuestos campesinos trataron de apropiarse de dos fincas ubicadas en la margen izquierda de Trujillo, pero fueron repelidos por un contingente militar.
Grupos campesinos que reclaman la propiedad de tierras que 'históricamente' les pertenecen lograron que el gobierno les cediera casi 4,600 hectáreas expropiadas a los dos principales empresarios agrícolas de la región a un costo de 636 millones de lempiras, que deberán pagar a una tasa preferencial.
No obstante, los enfrentamientos e invasiones han continuado produciéndose en el Bajo Aguán, lo que fortalece la teoría de que el conflicto en esta zona no es un asunto de tierras.
La tensión que se vive en esta región del norte de Honduras, donde más de 60 personas han fallecido en los últimos dos años en enfrentamientos, motivó la aprobación de un desarme
inmediato en Colón.
Las autoridades sospechan sobre la presencia de grupos fuertemente apertrechados de armas y municiones.
