El Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP) le concedió una coraza a la Armería para mantener en secreto toda la información relacionada con la compra y distribución de armas y municiones que se han vendido a civiles.
Mediante resolución 093-2012 de julio de 2012, el IAIP le aprobó a esa entidad del Instituto de Previsión Militar (IPM) una acuerdo de secretividad para blindar los documentos sobre la adquisición de armamento y pertechos, aunque el proceso estuvo plagado de inconsistencias.
Los magistrados que aprobaron esta resolución fueron Gilma Agurcia, Arturo Echenique y Guadalupe Jerezano, quienes dejaron el cargo en septiembre de 2012.
El fallo del IAIP dice : “Autorizar al Instituto de Previsión Militar la emisión de su respectivo acuerdo de clasificación reservando la información siguiente: información específica sobre la fabricación, importación, distribución y venta de armas por ser la Armería una dependencia del IPM”.
Esta determinación priva de conocer el funcionamiento de la Armería, las pistolas y rifles que vende, cuánto recibe por la comercialización de esos bienes y si hace buen uso de los recursos. Todo esto atenta contra los principios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El IPM es una organización de las Fuerzas Armadas y el Estado tiene una participación accionaria, por lo que, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se convierte en una institución obligada a brindar información de sus gestiones, incluyendo la administración de la Armería.
La petición para que se declarara en secretividad esta información fue enviada por Jorge Federico Sarmiento, representante legal del IPM, quien en el escrito argumentó que “dicha información debe considerarse como reservada en vista de que el capital que poseen las empresas es mixto”.
El razonamiento de que por ser el IPM una entidad de capital mixto se le debe clasificar información no es válido, pues la Ley de Transparencia dice que toda participación accionaria de una entidad estatal es susceptible de ser divulgada.
La junta directiva del IPM la integran las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y otras instituciones, todas estas entidades públicas.
“Ayudadita” del IAIP
El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Transparencia establece que la institución que solicita la reserva debe presentar prueba del “daño específico” que podría originar la divulgación de una determinada información.
El IPM nunca argumentó que se requería mantener en reserva la información de armas y municiones por motivos de seguridad nacional, una situación que si es valedera para declarar una secretividad.
Pero fue el IAIP el que se encargó de exponer que existía un efecto negativo en divulgar esa información por ser de índole de seguridad nacional.
“De hacerse pública esta información pondría en ventaja a las personas dedicadas a realizar actos ilícitos y por ende se pondría en peligro la seguridad del Estado”, se juzga en el dictamen que sirvió de base para emitir la resolución de la reserva.
La denegatoria que hizo el IAIP de la información sobre la “fiesta sexual” sucedida en la embajada de Honduras en Colombia se hizo porque Cancillería, la peticionaria, no presentó argumentos sobre el daño.
Las armas que vende la Armería van en su mayoría a la población civil, por lo que no se trata de armamento que usen la Policía Nacional o las Fuerza Armadas para resguardo de la seguridad interior.
La declaratoria de reserva sobre las armas y municiones es absoluta, es decir que no se ordenó que exista una versión pública de esos datos, como ha ocurrido en casos similares.
EL HERALDO solicitó una entrevista con la magistrada presidenta del IAIP, Doris Imelda Madrid, para conocer su posición ante esta anomalía en la resolución, pero en su oficina se respondió que tenía la agenda ocupada.
Con la piedra en los dientes
En ese sentido, la resolución del IAIP deja al descubierto una serie de contradicciones con relación a otras resoluciones en las que no se blinda por completo la información.
En 2009 el IAIP emitió una resolución, la 001-2009, a fin de que se declarara en reserva toda la información relacionada con la adquisición de armas, esto a pedido de la Secretaría de Seguridad.
EL HERALDO denunció este hecho por considerar que atentaba en contra de los principios de la Ley de Transparencia.
El IAIP decidió enmendar el error y por medio de una “resolución de oficio” con registro 016 modificó el primer fallo. En tal sentido se resolvió: “Modificar el contenido de la resolución 001-2009 en el sentido de que se excluya de la reserva de información lo siguiente: descripción general de la adquisición, monto o valor pagado, en consecuencia tal información debe considerarse como información de carácter público”.
En uno de los considerandos de la modificación de esa resolución, el IAIP reflexionó que no debe existir una reserva absoluta de los acuerdos, contratos y compras de equipo en la Policía.
La población, acota esa resolución, debe tener el derecho a conocer la información relativa a montos, bienes y servicios de las instituciones que manejan fondos públicos, como es el caso del IPM.
Defensa
Existe otro antecedente, esta vez sobre la Secretaría de Defensa, en el cual el IAIP le otorga una reserva de información, pero con la excepción de que algunos datos generales pueden ser públicos.
La secretividad se dio para la información concreta de armamento que Defensa compra, pero “no debe entenderse en cuanto al monto del contrato y la descripción general del armamento, material y equipo militar que se adquiera sin entrar en detalles”, dice la resolución 073-2009 del 9 de diciembre de 2009.
En la Armería se venden 10 tipos de revólveres, 11 modelos de pistolas y dos especies de escopetas. También se comercializan 7 formas de municiones de fuego anular (balas para escopeta) y otras seis balas de fuego central (balas para pistolas y revólveres).
Existen otros accesorios como fundas para pistolas, miras, limpiadores de armas y chalecos antibalas.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en Honduras circulan unas 800 mil armas, pero menos de 300 mil están registradas en la Secretaría de Seguridad. El organismo dice que 8 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego.
Se estima que de las 31,778 muertes violentas registradas en Honduras entre el 2005 y el 2011, al menos 25,649, que representan el 80.71%, fueron cometidas con armas de fuego.
Bonilla: La Armería tendrá que hacer pública la información de las armas
El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, confió que “en su momento” la Armería tendrá que hacer pública la información sobre la venta de armas porque la ley así lo ordena.
“Las instituciones tienen sus distintas políticas, yo respeto a la Armería, pero sí creo que en su debido momento la Armería va a hacer de conocimiento público cuántas armas van a los ciudadanos”, expresó Bonilla.
Recalcó que “todas las instituciones tenemos una Ley de Transparencia y nosotros tenemos que hacer público hasta nuestro propio presupuesto”.
La Policía Nacional es parte de la junta directiva del Instituto de Previsión Militar de donde depende la Armería, pero aun así no tiene acceso al reporte sobre comercialización de armas. Es así que la Policía desconoce cuántas de las armas que ha vendido la Armería han sido inscritas en el registro balístico.
