La falta de medicamento y las continuas marchas en las calles de pacientes renales que exigían su tratamiento son aspectos que podrían pasar a la historia con la reciente aprobación de la Ley Nacional de Pacientes Renales.
Y es que los más de 1,400 pacientes renales que necesitan de diálisis o hemodiálisis durante años fueron víctimas de la irresponsabilidad del gobierno, que no garantizaba sus medicamentos y de la actitud inhumana de las empresas proveedoras de servicio que suspendían el tratamiento para exigir sus pagos.
Según Edwin Fabricio Salazar, vicepresidente de la Asociación de Pacientes Renales, la normativa, que tendrá que ser publicada en los próximos días en el diario oficial La Gaceta, solventa en gran medida la precariedad en la que se han mantenido los pacientes.
“Que el Estado sea garante del tratamiento tanto de diálisis como hemodiálisis peritoneal, a mejorar los centros públicos y también la expansión de los centros y de la atención a nivel nacional”, manifestó Salazar.
“Con esta ley se pretende que el Estado tenga la extensión presupuestaria de tal manera que la cantidad de pacientes que existe a nivel nacional sea atendida en debida forma, de manera integral para que el paciente no tenga que exigirlo incluso en las calles”, agregó.
Salazar detalló que la ley contempla la creación de programas especiales para que el paciente pueda también recibir otros servicios como el de psicología.
Cada semana un paciente renal debe ser sometido a tres sesiones de tratamiento en las que es conectado a unas máquinas durante casi cuatro horas para limpiar su sangre de las toxinas que el mismo cuerpo produce y que no pueden ser desechadas por la falla renal.
La solución real para estos pacientes es en definitiva el trasplante de riñón, sin embargo, el país aún no dispone de laboratorios de compatibilidad, por lo que este proceso debe ser realizado en otro país y además de aumentar su costo se hace inaccesible para los enfermos.
