Con el voto en contra de un fuerte grupo de diputados liberales y de la bancada del partido Innovación y Unidad, el Congreso Nacional aprobó la noche del martes en único debate la polémica Ley Anti evasión del Impuesto Sobre la Renta.
El dictamen fue sometido a la cámara a las 8:10 de la noche, luego de un largo proceso de socialización entre las bancadas.
Estuvo presente para las explicaciones del caso, el secretario de Finanzas, Héctor Guillén y demás funcionarios ligados al sistema de tributación.
Guillén expuso ante los diputados que retiraba el proyecto presentado por el Ejecutivo y se adhirió al dictamen.
El diputado nacionalista, Rodimiro Mejía, presentó moción para la dispensa de dos debates, a lo que se opuso el liberal Osman Aguilar, alegando que si las recaudaciones se iban a obtener hasta el 2013 no había prisa de aprobarlo a la ligera.
En respuesta, el secretario de Finanzas, declaró que había urgencia de aprobarlo en vista que el artículo 3 del decreto estaba orientado a prevenir una masiva evasión en el caso de las importaciones.
A raíz de esta explicación, la simple mayoría del pleno votó a favor de la dispensa de debates.
Un parche más
El diputado de la UD, Sergio Castellanos, se pronunció en contra del documento a aprobarse calificando que es parte de una larga lista de 30 modificaciones que ha sufrido la política fiscal del Estado hondureño.
Es un parche más que no responde a la realidad fiscal del país, dijo.
Castellanos hizo un llamado para que se haga una verdadera reforma fiscal, orientada a que paguen más lo que tienen más y menos los que no tienen mucho, y que dichos tributos sean invertidos en obras de carácter social.
Medidas incoherentes
El diputado pinuista, Toribio Aguilera, miembro de la comisión de presupuesto emitió un voto razonado sobre el dictamen. Planteó que esta ley es una instancia de antievasión, pero dado que sus efectos apenas se extienden a 48 empresas que proyectan recaudar 170.3 millones de lempiras, “a nuestro parecer, existen otras vías más eficientes para el control de renta de esas empresas”.
“Es preocupante la forma aislada e incoherente que se han venido adoptando diferentes medidas a lo largo de los últimos dos años. No son respuestas a los ingentes problemas de la situación fiscal del Estado, por lo que es urgente y concluyente que el país establezca una política fiscal que se traduzca en un pacto fiscal por 10 años suscrito con las diferentes representaciones políticas y sectores de la sociedad”, consideró Aguilera.
Por su lado, el demócrata cristiano, Ramón Velásquez Názar, dijo que con esta reforma “estamos enviando un mensaje a los evasores del fisco y lo fundamental es evitar que se siga robando los impuestos que pertenecen al Estado”
El udeísta, Marvin Ponce, acusó que los evasores han estado robando al fisco, por lo que estos son los que hacen triquiñuelas para no pagar impuestos.
El diputado dijo que con esta ley lo que se hace es cobrar el impuesto que se roban, “pero no estoy de acuerdo en que se subiera el techo a cien millones de lempiras a las empresas sujetas al pago del anticipo del uno por ciento”.
El diputado liberal, Yuri Saba, expresó que nadie está en contra de medidas para atacar la evasión, pero cuestionó la retroactividad del decreto en el sentido que es aplicable a empresas que han reportado pérdidas en los últimos períodos fiscales. Saba advirtió que los abogados de esas empresas bien pueden presentar un recurso de nulidad a este decreto.
“Se ha dicho que este es un mensaje para los evasores, pero lo que se necesita son acciones contra los evasores, por lo que recomendó que se le dé autoridad a la DEI para que puedan actuar judicialmente contra esas empresas que han defraudado el fisco”, precisó.
Igualmente, el diputado Carlos Martínez, dijo que con esta ley se sigue improvisando para atacar a los evasores. “Hay que actuar, la ley debe ser aplicada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos a estas 34 empresas que declaran pérdidas para no pagar impuestos”.
El jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, pidió que se audite a las empresas evasoras y ¿por qué no se hacen los reparos correspondientes y por qué no se publica una lista para que el pueblo conozca a los evasores?”
Saavedra afirmó que el pueblo tiene derecho a saber quiénes cometen este ilícito, pero con este decreto no resolvemos nada y de acuerdo con los análisis jurídicos, esta iniciativa de ley hay un prejuzgamiento y se les quita el derecho a las empresas a defenderse, porque se está presumiendo de empresas que declaran pérdidas y que evaden el fisco, si es así por qué no se ha procedido contra ellas, preguntó.
Esta medida va directa al patrimonio de la persona natural que si no declara utilidades ese uno por ciento tiene que pagarse del patrimonio de la persona natural o jurídica y eso es un elemento confiscatorio que, aunque no lo compartamos, está ahí, en la iniciativa de ley, acotó.
Hay que toparlos
También hicieron uso de la palabra varios diputados del ala nacionalista, tanto del oficialismo como de la Alianza Parlamentaria expresando su apoyo a la medida.
A estos “pícaros”, como a cualquier otro delincuente, “hay que toparlos”, dijo Rodolfo Zelaya, en relación a los evasores del fisco.
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, afirmó que con esta ley antievasión del Impuesto Sobre la Renta se termina la sinvergüenzada que han venido cometiendo varias empresas al no declarar ganancias para no pagar impuestos. Esta es solo una medida, en el camino podemos encontrar otras para atacar este flagelo.
Medidas
El decreto aprobado contiene dos medidas, una que se aplicará a partir de 2013, la que se refiere al pago del anticipo del uno por ciento en concepto de Impuesto Sobre la Renta a las personas naturales o jurídicas.
La segunda medida es que para efecto de la tributación interna, las personas naturales o jurídicas sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta que realicen transacciones de importación definitiva de bienes con fines comerciales por las diferentes aduanas del país, que no estén inscritos como contribuyentes en la DEI, pagarán en concepto de anticipo un tres por ciento (3%) del Impuesto Sobre la Renta, aplicado sobre la base referencial del valor CIF, de dichas importaciones de bienes recaudadas en las aduanas respectivas.
