El ministro de Educación, Alejandro Ventura, no tiene miedo al reparo millonario que le ha impuesto el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Ventura y tres dirigentes magisteriales han sido reparados por el TSC por un monto de 50 millones de lempiras.
La acción la emitió la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) en contra de los dirigentes magisteriales porque aprobaron un aumento de 50 a 100 millones de lempiras en las pensiones de los jubilados.
Según el TSC, los dirigentes magisteriales realizaron este incremento a las pensiones de los pedagogos de manera inconsulta, mientras integraban el directorio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
Entre los señalados como responsables y que integraban el directorio del Inprema se encuentran Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Edwin Oliva, presidente del Colegio Profesional Superación magisterial de Honduras (Colprosumah), Jaime Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), y el actual titular de Educación, José Alejandro Ventura Soriano.
Defensa de implicados
Ventura Soriano dijo que en el momento de la aprobación de los 50 millones más a las pensiones de los jubilados no fungía como presidente del Pricphma, sino como representante del gobierno.
'Para conocimiento del pueblo hondureño, el año pasado yo no estaba como presidente del Pricphma, sino que estaba representando al gobierno como presidente del directorio, y se aprobó la revalorización que se aprueba anualmente para los maestros jubilados y pensionados dentro del país', reconoció.
Además, dijo que firmó el incremento de las pensiones porque las calificó de 'raquíticas'. 'Esto (el incremento) quien tiene la potestad de autorizarlo es el directorio, de acuerdo con los dictámenes que se dan por parte de la actuaría y del Departamento Legal y nosotros lo que hicimos fue aprobar un incremento salarial a las raquíticas jubilaciones', dijo.
Ventura aclaró que actuó con el consentimiento del Poder Ejecutivo, que luego elevó a categoría de decreto lo que se había firmado.
El funcionario dijo que está a la espera de la notificación para dilucidar el caso.
'Nosotros estamos esperando que se nos notifique para desvanecer dicho reparo, pues participamos en la votación como miembros del directorio, en representación del gobierno', aseguró.
Fredín Fúnez, representante legal de Casaña, argumentó que la revalorización de las pensiones se hizo con base en las negociaciones alcanzadas con el gobierno en agosto de 2010.
Andrés Martínez, presidente de la Asociación Hondureña de Padres de Familia, considera que a los dirigentes que hayan participado en el descalabro financiero del Inprema 'no solo deben confiscarles sus bienes, sino aplicarles medidas cautelares para iniciar un proceso legal'.
'No es posible que anden por las calles las personas que cometieron el ilícito', concluyó Martínez.
Por daños y perjuicios demandan al Coprumh
Una demanda que supera el millón y medio de lempiras, por concepto de daños y perjuicios, fue interpuesta ayer en contra del Colegio Profesional Unión Magisterial Hondureño (Coprumh).
La demanda fue interpuesta en el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, por 1.6 millones.
La acción judicial es promovida por el abogado Juan Carlos López Orellana, en representación de Jacqueline Patricia Ayala Garcilaso, en contra del Coprumh, que actualmente es presidido por Edgardo Casaña.
Ayala Garcilaso es vecina de la residencial Tres Caminos, contiguo al edificio del Coprumh.
En la relación de los hechos, el apoderado legal establece que desde 2009 hasta 2010 se realizó una construcción contiguo a la residencia.
La construcción consiste en un edificio de seis pisos que ha causado problemas a la residencia de la demandante.
En el documento se explica que los métodos de construcción utilizados en el lujoso edificio 'no fueron los correctos y causaron daños a las casas vecinas', lo que provocó dicha demanda judicial.
También se señala que el ingeniero encargado de la obra no extendió ninguna notificación para dar a conocer lo que había ocurrido.
Edgardo Casaña también enfrenta un reparo por parte del Tribunal Superior de Cuentas, igual que los miembros de otros colegios magisteriales. Este reparo es por 50 millones de lempiras.
