La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, dio trámite a una demanda que interpusieron cuatro magistrados destituidos contra el Estado de Honduras.
El 12 de diciembre del 2012 el Congreso Nacional resolvió separar del cargo de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz. Inconformes con la decisión legislativa, estos acudieron este año ante la CIDH denunciando una serie de violaciones a derechos humanos y preceptos constitucionales.
“La respuesta que hemos tenido es que tenemos un número de expediente ya asignado, estamos a la espera que se haga la notificación al Estado de Honduras”, informó Cruz a EL HERALDO. Esto significa que la denuncia fue admitida por el organismo internacional para su tramitación.
“La denuncia que presentamos expone los argumentos y fundamentos de hecho y de derecho de todas las violaciones que se cometieron en el caso de nuestra destitución arbitraria, ilegal e inconstitucional”, expresó la exmagistrada.
“Nuestra destitución lesionó totalmente el Estado de derecho en Honduras. No hay que olvidar que acá se cometió un golpe de Estado contra el Poder Judicial que vino a distorsionar muchas figuras jurídicas, estamos en una situación de hecho, no de derecho”, remarcó.
La CIDH notificará al Estado de Honduras para que responda la denuncia. Luego sigue una etapa de conciliación. De no llegarse a un acuerdo entre las partes, la CIDH definirá remitir el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Esta instancia será la que en definitiva emitirá una sentencia, sea condenatoria o absolutoria.
Los cuatro magistrados destituidos solicitan el reconocimiento de una violación a sus derechos, que derivaría en el pago de una indemnización. No se establece una cifra de indemnización, porque a medida que transcurre el tiempo ésta aumenta.
Los exmagistrados confían que la CIDH resolverá a su favor, dado los antecedentes de este organismo y de relatores de Naciones Unidas que condenaron las actuaciones del CN, con la anuencia de los titulares del Ejecutivo y el Poder Judicial de Honduras. “No veo ninguna posibilidad de que no se reconozcan todas las violaciones que se cometieron”, concluyó Cruz.
