Tegucigalpa, Honduras.- Los cuatro hombres acusados de “terrorismo” en perjuicio del expresidente Manuel Zelaya Rosales se defenderán en libertad, según ordenó este miércoles un Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La resolución beneficia a Gerardo Enrique Galeano, señalado de planificar el atentado, así como a Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, residente en Tegucigalpa; Perfecto Jesús Enamorado Paz, de 69 años, comerciante residente en Comayagua; y Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, comerciante en San Pedro Sula.
Los imputados enfrentan cargos por actos preparatorios punibles y asociación terrorista, en el marco de un supuesto plan delictivo que incluía atentar contra la vida del exmandatario.
Darwin García, abogado defensor de uno de los acusados, afirmó: “los presupuestos para dictar prisión preventiva ya habían desaparecido y logramos acreditar que mi representado tiene derecho a trabajar, a movilizarse y a que se le garantice el principio de inocencia, sin ser prejuzgado mediante una pena anticipada con este tipo de medidas gravosas”.
Por su parte, Johel Zelaya, exfiscal general de Honduras, denunció un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, e impedir las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.
Zelaya aseguró que existen pruebas “técnicas, científicas y documentales” sobre el presunto plan, el cual también contemplaría desestabilizar el país y provocar la salida anticipada de la presidenta Xiomara Castro.
La acusación se sustenta en una conversación extraída de un chat de WhatsApp, en la que los imputados manifestaban inconformidad con el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre) y discutían posibles acciones para evitar su continuidad en el poder.
Los detenidos son acusados de terrorismo y tentativa de asesinato. Según las autoridades, las pruebas del supuesto plan para atentar contra Zelaya y afectar el proceso electoral ya fueron presentadas ante los juzgados de criminalidad organizada.
El juez, tras valorar los argumentos de las partes, modificó la medida de arresto domiciliario por la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante el Juzgado de Letras de San Pedro Sula.
