El Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) indagarán denuncias de actos de corrupción en sedes diplomáticas de Honduras en el mundo.
En esta semana, EL HERALDO denunció un despilfarro de 981 millones de lempiras en pago de sueldos y salarios durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).
Esta cifra de dinero fue absorbida entre más de 344 empleados contratados en 33 embajadas, 43 consulados y dos organismos de integración mundial y continental.
“Como Ministerio Público obviamente nosotros venimos obligados a investigar cualquier hecho que reviste carácter delictivo”, informó a EL HERALDO el fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.
La denuncia que publicó EL HERALDO ya está siendo analizada de oficio por la Fiscalía contra la Corrupción, agregó.
Por su parte, al TSC le interesa conocer alcances de irregularidades para deducir las responsabilidades que correspondan.
“Estamos viendo con mucha preocupación todo lo que está sucediendo en los consulados, en este caso esperaríamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su auditor interno, nos puedan generar toda la información para hacer nosotros una auditoría financiera y de cumplimiento legal para ir más allá”, informó a EL HERALDO la secretaria general del TSC, Alva Rivera.
Se auditará la Cancillería en todo su contexto, como las alertas que pudieran tener en algunos consulados sobre comisión de irregularidades.
Se pedirá a esta Secretaría de Estado que brinde un informe de la situación de todas las sedes diplomáticas de Honduras.
Emisión de carnés
Otro hecho que se constatará será la emisión y cobros de carnés consulares en sedes diplomáticas de Honduras en Estados Unidos, a pesar de estar prohibido.
El presidente Juan Orlando Hernández instruyó no emitir y cobrar más documentos de este tipo, a tono con otras resoluciones emitidas por el gobierno en los años 2011 y 2013.
A pesar de estar prohibido, existen evidencias de que cónsules siguieron emitiendo y cobrando por emitir tal especie fiscal.
“Eso sería objeto de investigación”, manifestó el fiscal adjunto. Se constataría abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
Cuéllar garantizó que se incoarán acusaciones, de confirmarse irregularidades.
Por su lado, el TSC constatará igualmente los extremos que señala la denuncia.
“Si lo hacen al libre albedrío es una irregularidad incluso con responsabilidad penal, no se pueden hacer cobros excesivos en los consulados sin estar autorizados y tampoco son reportados a la administración”, dijo Rivera.
“Viniendo del presidente de la República, es más que alarmante la situación, como ente contralor nos toca ponernos en contacto con la ministra de Relaciones Exteriores (Mireya Agüero) y preguntar qué conocimientos tiene ella de las diferentes irregularidades que se están dando en los consulados”, agregó.
El TSC realizó auditorías a sedes diplomáticas notificando a Cancillería responsabilidades de tipo civil y penal cometidos por personal diplomático, dijo Rivera.
Los informes se encuentran firmes. Para el caso se notificaron reparos por irregularidades en cobros por emisión de pasaportes y otras especies fiscales. Además, se expusieron recomendaciones que de haberse cumplido muchos ilícitos no se habrían cometido.
