La incidencia preocupa y la depuración en el Poder Judicial se justifica.
En los últimos 13 meses, la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales recibió 1,112 denuncias contra el personal judicial, entre ellos magistrados de Cortes de Apelaciones, jueces, defensores públicos, inspectores, funcionarios y empleados administrativos.
EL HERALDO tuvo acceso exclusivo a un informe de dicha Inspectoría que revela la creciente incidencia de denuncias interpuestas desde enero de 2013 a enero de 2014, a nivel nacional. De las 1,112 denuncias recibidas se investigaron 839, el resto se encuentra en proceso investigación.
Con mérito se encontraron 373 casos, sin irregularidades 466 y remitidos al Ministerio Público 31, por encontrarse indicios de responsabilidad penal.
Los más denunciados son el personal judicial, que labora en Tegucigalpa, con 629 denuncias; le sigue San Pedro Sula, con 199; La Ceiba, con 84; La Paz, con 53; Comayagua, con 37; Copán, con 31, e Intibucá, con 30, entre otras.
En el año anterior se interpusieron 978 denuncias y solo en el mes de enero de este año se presentaron 134.
En los últimos 13 meses se interpuso un promedio de 86 denuncias por mes.
Entre los más denunciados están jueces, secretarios, escribientes, receptores, hasta guardias de seguridad.
Son varias las razones por las que son denunciados.
En el caso de los magistrados de Cortes de Apelaciones y jueces generalmente son denunciados por otorgamiento de sobreseimientos de forma irregular, otorgar medidas sustitutivas incumpliendo la ley, violación del debido proceso al emitir mandamientos judiciales al margen de la ley, retardo de más de dos años en dictar sentencia, desacatar resoluciones de tribunales superiores, violentar Código de Ética, detenciones ilegales, extender constancias de antecedentes penales a favor de imputados por delitos graves, confabulación en condenar al Estado por millonarias demandas, y hasta vender productos y ausencias injustificadas al trabajo.
Los informes investigativos son elaborados por 38 empleados que laboran en la Inspectoría de Tribunales.
Estos informes son el sustento para que el Consejo de la Judicatura imponga sanciones de suspensión o destitución del cargo. Específicamente, suspendió del cargo a 25 jueces y destituyó a 7; suspendió a 4 secretarios de tribunales y canceló a 2; suspendió a un magistrado de Corte de Apelaciones y un administrativo.
Desde septiembre, cuando asumió funciones el Consejo, la incidencia de denuncias creció, dijo a EL HERALDO el titular de Inspectoría de Tribunales, José Antonio Bellino.
Basta observar en las oficinas de dicha dependencia el gran número de expedientes de denuncias, algunos sobre escritorios, mesas, sillas y sofás. A partir de noviembre, el Consejo separó del cargo a 40 funcionarios y empleados judiciales.
Fundamentación
En el Poder Judicial laboran unos 850 jueces.
De estos, 32 fueron separados de sus cargos en los últimos cuatro meses, por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El titular de la Inspectoría de Tribunales valoró la objetividad, imparcialidad y el profesionalismo en que investigan las denuncias.
En declaraciones a EL HERALDO expuso que la Inspectoría se vale de la Constitución, las leyes y un reglamento.
La investigación inicia una vez que se interpone una denuncia, sea que alguien la interpuso o de oficio. El inspector asignado evacua las diligencias que estime pertinentes, entre ellas entrevistar al denunciado y testigos, estudiar expedientes e inspecciones.
Destacó que se respeta el derecho de defensa, ya que se concede la oportunidad al denunciado que exponga su versión de los hechos.
Al final elabora un acta que es firmada por el denunciado y redacta un informe que remite a los titulares de la Inspectoría.
En caso de remitirse el informe al Consejo de la Judicatura es un indicio de la existencia de irregularidades.
No le compete a la Inspectoría de Tribunales aplicar sanciones, solo investiga las denuncias, aclaró Bellino.
Le compete al Consejo de la Judicatura abrir un expediente disciplinario.
“Remítase el expediente adjunto, con inserciones acompañadas, al honorable Consejo de la Judicatura, a efecto de que determine la existencia o no de responsabilidad disciplinaria del juez....”, cita un oficio que remitió la Inspectoría en el caso de una jueza, que posteriormente fue sancionada.
Si la denuncia es improcedente, la Inspectoría de Tribunales lo archiva, no lo remite un informe al Consejo.
De acuerdo al artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura, se concede a este organismo la facultad de suspender del cargo a un funcionario o empleado judicial. La suspensión es provisional, hasta por 90 días, sin goce de sueldo.
Es decir que la Inspectoría de Tribunales no tiene competencia sobre una denuncia una vez que remite el informe al Consejo de la Judicatura.
Es en el Consejo de la Judicatura, donde se realiza el verdadero proceso disciplinario, indicó. En el Consejo se instruye evacuar audiencias de descargo para respetar el derecho de defensa.
Afirmó que el sistema está diseñado para ser objetivos e imparciales en la investigación.
La Inspectoría tiene oficinas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Comayagua, La Paz, Choluteca, Danlí, Juticalpa, Tocoa, Gracias e Intibucá.
Los únicos que no puede investigar son a los 15 magistrados de la CSJ y a los miembros del Consejo de la Judicatura, quienes están sometidos a un proceso especial para deducirles responsabilidades, que conoce el Congreso Nacional.
