Tegucigalpa, Honduras. —"Repartieron el dinero del pueblo hondureño como si fueran confites en un cumpleaños”, criticó la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, al referirse a la manera en cómo más de 150 millones de lempiras fueron entregados a dos organizaciones no gubernamentales (ONG) dirigidas por militantes del partido Libertad y Refundación (Libre).
Los fondos, gestionados por diputados del oficialismo y canalizados a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, fueron aprobados sin mecanismos efectivos de control ni rendición de cuentas, a juzgar por la evidencia recopilada por EL HERALDO Plus.
Aunque los legisladores gestionaron y direccionaron los recursos públicos, y la Secretaría de Gobernación los distribuyó, ninguna institución asume el deber de fiscalizarlos, dejando el uso de ese dinero en total opacidad.
Una investigación de EL HERALDO Plus documentó con fuentes, expedientes y entrevistas el destino incierto de esos fondos, así como el vacío legal e institucional que ha permitido esta práctica.
La experta en derecho sostuvo que la responsabilidad penal y administrativa está en todos los niveles: en los diputados que promovieron los fondos, en el ministro que autorizó las transferencias sin verificación y en las ONG que no ejecutaron los proyectos comprometidos.
A su juicio, el Ministerio Público no puede seguir con una política de persecución selectiva enfocada solo en opositores, mientras guarda silencio frente a posibles irregularidades cometidas por funcionarios afines al partido de gobierno.
“Todos tienen responsabilidad, por acción u omisión”, declaró, señalando que la ley obliga al Ministerio Público a actuar incluso sin denuncia formal, es decir, de oficio.
Ramos fue enfática en que la corrupción no distingue colores políticos, pero en este caso se trata de una administración que llegó al poder con una bandera anticorrupción.
“Prometieron justicia. Prometieron transparencia. Pero lo que vemos es más opacidad, más silencio, más complicidad. El Ministerio Público no puede seguir callado. La ciudadanía está harta. Quiere justicia de verdad, no discursos”, expresó con firmeza.
Según la exfiscal, los delitos cometidos en la administración pública están tipificados en el Código Penal vigente, por lo que si el fiscal general no actúa, incurre en omisión dolosa, es decir, se convierte en cómplice.
Cuestionó también que el Ministerio Público no abra investigaciones cuando los medios de comunicación y las auditorías independientes presentan evidencia pública de posibles delitos.
“No se necesita esperar a que X personas vayan a denunciar. Ya hay una notitia criminis, una noticia de delito, cuando se documenta en los medios. Si no actúan, es porque no quieren”, dijo.
Agregó que cada vez que se denuncia desvío de fondos, corrupción en el Congreso Nacional, compras irregulares, uso político de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o abuso de poder por parte de fuerzas policiales, el Ministerio Público debería abrir una línea de investigación por iniciativa propia.
Recordó que tanto los diputados que gestionan fondos como los funcionarios que los entregan tienen responsabilidades legales claras.
“Ellos estaban en la obligación de asegurarse de que esos fondos se usaran correctamente. No pueden limitarse a decir que solo los entregaron; repartieron el dinero del pueblo hondureño como si fueran confites en un cumpleaños”, reiteró.
Insistió en que se debe investigar tanto a los diputados como a la Secretaría de Gobernación y a las asociaciones receptoras. “El dinero es del pueblo hondureño y lo están tratando como si fuera de uso personal o partidario”.
Ramos también criticó el uso mediático de algunas capturas recientes por parte del Ministerio Público. Asegura que mientras ciertos casos se manejan con rapidez y exposición pública —cuando los involucrados son opositores—, otros con igual o mayor gravedad quedan en el olvido.
“Vemos capturas espectaculares que parecen parte de un show político. Pero al mismo tiempo, casos como el del ‘Chequesol’, el ‘planillazo’, el narcovideo, el desfalco en el Congreso Nacional, y tantas otras denuncias siguen sin respuesta”, expuso.
Se refirió específicamente al caso de Sedesol, en el que, según ella, hay evidencia suficiente para proceder penalmente contra funcionarios como José Carlos Cardona, exsecretario de esa institución, e Isis Cuéllar, diputada por Copán, señalados por el uso de fondos públicos con fines políticos.
“Está el video, está el contexto, está el delito. ¿Qué están esperando para presentar un requerimiento fiscal? Como mínimo, ya deberían haber sido citados a declarar y enfrentar un proceso legal”, afirmó.
Para Ramos, el Ministerio Público tiene un deber constitucional ineludible de defender los intereses de la sociedad. Esa función, recordó, no está sujeta a consideraciones partidarias.
“Si el fiscal general elige no actuar ante estos hechos, está faltando a su juramento. No hay más institución en Honduras con ese mandato legal. Y si no lo cumple, será la historia —y el pueblo— quien lo juzgue”, concluyó.
