Falsos trámites, llamadas misteriosas y cobros elevados: así estafan a migrantes en USA

Tegucigalpa, Honduras.- Una voz cálida, con tono maternal, suena al otro lado del teléfono. "Hola, soy Susan García, abogada de migración. Vi su caso y puedo ayudarle". Así comienza lo que muchos migrantes hondureños en Estados Unidos creen que será el primer paso hacia una vida legal, pero es el camino directo a una estafa segura.

Detrás de esa promesa hay una maquinaria bien montada para estafar a migrantes hondureños, denunció la Fundación 15 de Septiembre —una organización de defensa de los indocumentados—. La empresa detrás de esta estafa se aprovecha del miedo, la desesperación y la falta de orientación legal que sufren miles de personas indocumentadas.

La Unidad de Investigación de El HERALDO Plus dialogó con la supuesta abogada, tras pactar por correo, con el objetivo de desmontar parte de la manera de operar de esta red que promete asistencia en trámites migratorios para vaciar los bolsillos de los migrantes, y que ha cobrado decenas de víctimas.

Nuestra necesidad en la llamada era recibir acompañamiento para gestionar un permiso de trabajo en Estados Unidos. No hubo tiempo para confirmar legalmente su identidad, y desde el otro lado del teléfono la persona únicamente se dedicó a describir un supuesto proceso migratorio que el cliente debe realizar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). A cambio de su asesoría, exige pagos que suman miles de dólares, sin garantizar resultados.

Nos hicimos pasar por José, un migrante hondureño sin documentos. Con esa identidad ficticia, se llamó a la supuesta experta para conocer cómo opera el esquema.

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—¿Cuenta con una matrícula consular? —preguntó la mujer.

—No, solo con el pasaporte, que está por vencerse —respondimos—.

—Entiendo, sin documentos que lo identifiquen en Honduras o aquí en Estados Unidos, es necesario enviar todas las evidencias posibles. La idea es demostrar quién está solicitando el permiso de trabajo, para qué lo solicita y respaldarlo con documentos. Dependiendo de eso, USCIS responderá —indicó—.

La conversación se mantuvo por más de 10 minutos.

En ese lapso, la mujer explicó con detalle los supuestos beneficios del permiso de trabajo: evitar la deportación, acceder a un número de seguro social, abrir una cuenta bancaria, construir historial crediticio e incluso obtener una licencia de conducir en algunos estados.

Todo parecía legítimo. Con un lenguaje amable pero firme, enumeraba cada paso, como si se tratara de una asesora migratoria acreditada. Pero al indagar sobre los costos reales, comenzó la confusión:

—¿Esto cuesta mil dólares? —preguntamos—.

—Sí. Mis honorarios son de 1,000 dólares, pero solo si su solicitud es aprobada. En ese caso, yo actuaré como su representante legal, aseveró.

Según la supuesta abogada, ese monto incluye la preparación para una entrevista con un oficial de inmigración, además de una guía personalizada para afrontar el proceso.

Sin embargo, aclaró que los gastos ante USCIS eran adicionales y que no podía especificarlos aún porque “cada caso es diferente”.

Cuando se le pidió la dirección de su oficina para llevar documentos físicos y realizar el pago, la mujer respondió que todo se podía gestionar vía WhatsApp.

—Si gusta, me puede enviar el pasaporte, una foto suya y el acta de nacimiento por mensaje. No necesita venir.

—Prefiero entregar el dinero en persona —insistimos—.

—En mi perfil de WhatsApp encontrará mi ubicación —respondió—.

El nivel de informalidad era evidente. No existía verificación legal, contrato firmado ni presencia física de la supuesta profesional. Aun así, su tono amable y la descripción del proceso generaba cierta confianza. Eso, precisamente, es lo que quizás atrapa a los víctimas de la estafa.

Además, esta estafa opera en un terreno fértil, en un momento cuando en Estados Unidos se han endurecido las medidas antiinmigrantes: el gobierno de Donald Trump ha invocado una antigua ley de guerra para acelerar las deportaciones, eliminó la aplicación CBP One —en su lugar, habilitó una plataforma para la autodeportación— y revocó la prohibición de redadas en escuelas, iglesias y hospitales

Y el miedo es un detonante para caer más fácil en las estafas. El 42% de los hispanos en Estados Unidos teme que ellos o un ser querido puedan ser deportados, según una encuesta del Pew Research Center aplicada entre febrero y marzo de 2025.

Particularmente, un grupo de 55,000 hondureños también vive bajo incertidumbre porque el gobierno de Estados Unidos no ha informado si prorrogará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el cual vence el próximo 5 de julio.

Carlos Hernández, un hondureño que vive en Estados Unidos desde hace cinco años, tiene TPS, pero su esperanza era obtener la residencia. Recibió una llamada, como la que nos llegó, para ofrecerle "la solución".

El destino de Carlos parecía cambiar cuando le dijeron que tenía una oportunidad de regularizar su estatus migratorio. Le pidieron un pago inicial de 500 dólares para abrir su expediente.

Carlos no dudó en pagar. Lo que comenzó como una transacción sencilla se hizo un ciclo interminable de pagos que le costaron más de 10,000 dólares, que al cambio actual serían unos 261,000 lempiras.

Primero, le solicitaron $1,200 para traducciones, luego $2,500 por una audiencia con un juez y después $3,800 para obtener documentos adicionales y certificados. La promesa de una residencia estaba cada vez más lejos, mientras que surgían más trámites o papeles por los cuales pagar.

Lo único que recibió fue un número de caso. Al ingresarlo en el sistema de USCIS, parecía legítimo, convenciéndose que iba en la ruta correcta. Sin embargo, al investigar más a fondo, se descubrió que ese número no pertenecía a su caso. Era un dato genérico, un engaño que había sido diseñado para hacerle creer que su expediente estaba en marcha.

Carlos relató con tristeza: “Se contactan con el migrante, y le hacen saber que sí hay un caso, deben hacer unos pagos. Empiezan con pagos de 500, 1,000, 1,600 dólares. Tanto así que llegan hasta $8,000, y les empiezan a enviar por correo electrónico información diciendo que el caso va avanzando, que ya tienen un número donde está acreditado y que van a tener la residencia”.

El proceso parecía legítimo. Los estafadores, expertos en manipulación, le enviaron correos electrónicos con información que parecía oficial.

El número de folio que le proporcionaron, al ingresarlo en el sitio web de USCIS, reflejaba un trámite activo. Sin embargo, ese número no estaba a su nombre. No pertenecía a él. Pertenecía a otra persona, como confirmaron investigaciones posteriores.

Luego, la farsa dio otro paso. Los estafadores organizaron una videollamada con una supuesta jueza, quien le aseguró a Carlos que su residencia ya estaba aprobada. Solo había un detalle: él debía pagar $10,000 adicionales en los próximos diez días o enfrentar una multa de $600 por cada día de retraso.

Carlos, sin saber cómo funciona el proceso migratorio, creyó que estaba hablando con autoridades reales. El miedo y la esperanza de regularizar su situación lo cegaron. Pero la verdad es que estaba siendo víctima de un fraude meticulosamente orquestado.

"Era un número real, pero pertenecía a otra persona. Te hacen creer que todo va bien. Incluso te programan una videollamada con una supuesta jueza, quien te dice que la residencia ya está aprobada”, indicó.

Lo que Carlos no sabía es que este fraude no es aislado. La misma táctica se está repitiendo con numerosos migrantes.

"Los pagos y cobros eran continuos. Incluso, ayer recibí un mensaje de texto presionando para que continuara pagando más dinero", detalló.

La desesperación por regularizar su estatus migratorio los hace vulnerables a este tipo de engaños. Pero lo que muchos no saben es que el sistema de USCIS no funciona de esta manera. No se solicitan pagos fuera de los trámites oficiales.

Carlos perdió más de $10,000 en el falso proceso. Pero no es el único. Muchos migrantes, aterrados por la posibilidad de ser deportados, temen denunciar por el riesgo que implica hablar sobre su estatus migratorio. Esto crea un ambiente propenso para que los estafadores sigan operando sin ser detenidos.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, sigue de cerca estos casos. Señaló que muchos migrantes no denuncian por temor a perder su estatus o a ser deportados y que, al querer acceder a estas opciones, pueden enfrentar órdenes de deportación.

"A veces, la gente no sabe esto, y a mí, en menos de tres meses, me informaron que ya tenía tramitada una residencia", indicó Flores.

Expuso que a Carlos le ofrecieron lo que llaman “la ley de los 10 años”, pero en realidad lo estaban metiendo en orden de deportación sin que él lo supiera.

También expuso que no es la primera vez que denuncia estos esquemas ante autoridades consulares hondureños, pero las respuestas son nulas o incluso hostiles.

"Una vez denunciamos falsificaciones de pasaportes y, en lugar de investigar, el gobierno dijo que nosotros mentíamos. Nos expusieron públicamente", lamentó.

Flores recordó que también se denunciaron casos de falsificación de pasaportes, algo que el gobierno de Xiomara Castro negó, a pesar de que existían pruebas, como audios, videos e incluso reportajes en la televisión de Estados Unidos.

También destacó que los inmigrantes afectados por esta situación recibieron constantes presiones para seguir pagando por servicios fraudulentos.

"Es lamentable que la Cancillería no nos haya apoyado en este tipo de situaciones", agregó Flores.

Sin embargo, volvió a lanzar un llamado a la Cancillería para que tome cartas en el asunto, ya que, según él, la falta de protección consular deja a los inmigrantes desprotegidos. "Estamos solos y necesitamos más apoyo", concluyó Flores.

En diálogo con EL HERALDO Plus, Wolfgang Alexander Lappenberg, director de Asuntos Consulares, afirmó que hasta la fecha en los consulados no reportan denuncias de estafas por trámites migratorios, pero lamentó que por la situación que se vive en Estados Unidos muchos se exponen a "una situación de vulnerabilidad terrible" al buscar bufetes privados sin saber cómo trabajan.

"Como esta gente sabe que (los migrantes irregulares) están prácticamente en distensión, porque alguien no documentado no puede acceder ni a la corte, ni a la policía, porque ahí mismo los agarran, esa gente se está aprovechando de esta situación", condenó.

El funcionario mencionó que lamentablemente estas personas se "aprovechan de cualquier calamidad humana, siempre hay buitres y eso realmente tiene que ser una decisión personal, individual, de saber si los abogados son serios o no, pero son decisiones individuales y nosotros como Estado lo único que podemos hacer es asesorar".

Adelantó que están realizando alianzas con varios bufetes "con trayectoria en derechos humanos real y significativa" y que en los próximos días publicarán un listado para que los compatriotas en Estados Unidos pueden buscar apoyo legal migratorio.

Recordó que en Estados Unidos las autoridades hondureñas solo pueden hacer un llamado a la precaución, a la cautela y a prepararse ante las leyes migratorias.

A los migrantes les recomendó prepararse con "documentos legales, el registro de menores para que puedan acceder a la ciudadanía estadounidense, su nacionalidad y también con la idea de dejar un asesor, un representante legal si ocurre el peor caso y alguien es deportado, (deben buscar a) alguien que garantice sus bienes, sus casas, sus bienes en general, una persona de confianza, a través de un documento legal, ya sea un poder".