Directores son responsables de celdas VIP y negocios en las cárceles, según expertos
Expertos dijeron que la intervención de las cárceles busca recuperar la institucionalidad, pero si no existe transparencia ni vigilancia puede resultar en vano; piden cumplir la ley
- 04 de junio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.—Un hondureño necesita trabajar al menos 20 años para hacer el intento de comprar un terreno y construir una vivienda digna, que muchas veces queda inconclusa por falta de recursos. Pero, paradójicamente, algunos reclusos de los centros penitenciarios de Honduras logran vivir mejor.
Durante un recorrido por la cárcel de Támara, EL HERALDO Plus conoció las celdas lujosas o VIP, equipadas con electrodomésticos, aires acondicionados, camas acolchonadas, computadoras de alta gama y conexión a internet de primer nivel. Además, había negocios.
Aunque esta situación no sorprende a muchos hondureños, sí genera repudio de diversos sectores sociales. Expertos señalaron que los responsables de estas irregularidades son los directores y encargados de los centros penales, especialmente en Támara.
Uno de los más críticos fue el doctor Denis Castro Bobadilla, especialista en medicina forense y temas de seguridad, quien apuntó directamente a los funcionarios de seguridad.
“¿Dónde ha estado el general (Ramiro) Muñoz todos estos años, que hasta ahora viene a descubrir esto? Él debe vigilar de cerca a los directores de los centros penitenciarios. Es una de las plazas más codiciadas... y de allí salen millonarios”, declaró.
El abogado también señaló que muchas de las fallas del sistema responden al uso de las cárceles como espacios de hacinamiento —es decir, cuando se sobrepasa la capacidad física del lugar—, sin que se cumpla con la segregación que ordena la ley penitenciaria.
“Lo ideal es cumplir la ley: establecer módulos diferenciados según el tipo de delito y las circunstancias en el momento de la detención. En la etapa inicial, sin una condena judicial, una persona no puede estar mezclada con criminales condenados", expuso el especialista.
En efecto, la Ley del Sistema Penitenciario, en el artículo 31, establece: “En los Centros Penitenciarios se mantendrán separados a los menores adultos y los adultos; los enfermos mentales, los sordomudos, los ciegos, los fármaco dependientes y cualquier tipo de personas que, sufriendo serias limitaciones físicas o mentales, queden dentro del ámbito del derecho penal y puedan ser recluidas en instituciones especializadas".
Además reza que "las personas que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas podrán ser separadas del resto de la población penitenciaria, dependiendo de la etapa del tratamiento penitenciario en que se encuentren y de las disposiciones que en materia técnica y de seguridad establezca la Dirección Nacional”.
Por su parte, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que la intervención militar de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo retomar el control de los centros penitenciarios, sin embargo, instó a que la solución vaya mucho más allá del uso del control.
“Lo que se busca con la intervención es desmantelar el autogobierno y recuperar el control institucional. Pero también es necesario mantener una comunicación pública activa y un sistema claro de rendición de cuentas. Eso refleja si el trabajo se está haciendo de forma eficaz”, indicó.
Según Castañeda, la sociedad civil recomendó que la intervención se acompañe de organismos competentes —como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)— para asegurar que las acciones se enmarquen en la legalidad. También advirtió que, sin transparencia ni vigilancia, los esfuerzos pueden ser fácilmente revertidos.
“Hoy se desmantelan estos cuartos de lujo, pero mañana podrían estar nuevamente habilitados. La sostenibilidad del control es un reto que aún no se ha resuelto”, enfatizó.
Castañeda también cuestionó la actuación del personal de custodia y el papel de los directores penitenciarios en el mantenimiento del orden y la legalidad dentro de los recintos.
“¿Qué está haciendo el personal de custodia? ¿Qué rol juega el director de cada centro? ¿Se están monitoreando las acciones? ¿Se están evaluando los resultados? Las irregularidades deben tener consecuencias administrativas y penales, porque atentan contra la ley y los reglamentos penitenciarios”, recalcó.
Para el experto, el problema va más allá de la intervención temporal. El Estado debe asumir un rol constante de supervisión sobre los centros penitenciarios, pues existen suficientes informes que documentan violaciones a derechos humanos, casos de corrupción y colusión con el crimen organizado. A pesar de ello, la respuesta oficial sigue siendo limitada.
La situación de las cárceles hondureñas no es nueva, según expertos. El modelo de autogobierno carcelario, la falta de segregación de internos, el hacinamiento y la corrupción han sido documentados por años.
Los entrevistados coincidieron en que sin un sistema penitenciario sostenible, con personal capacitado, rendición de cuentas y control civil, las intervenciones seguirán siendo temporales.
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