En primer debate fue aprobada la noche del martes la Ley del Sistema Penitenciario Nacional en sus 144 artículos, con la que se pone fin al obsoleto esquema de encarcelación en Honduras, que data de 1883, cuando se fundó la Penitenciaría Central.
Según esta legislación, se mejorarán las condiciones y se respetarán los derechos humanos en las cárceles hondureñas.
A pesar de que los actuales centros penitenciarios son una bomba de tiempo, tal y como lo han demostrado el incendio en el penal de Comayagua, que dejó 361 muertos, y el amotinamiento en el centro penal sampedrano, que dejó 13 muertos, la nueva ley tendrá un período de dos años de “vacatio legis”, o sea dos años de transición al nuevo sistema, a partir de su vigencia.
Con esta ley se le quita la administración de las prisiones de la Policía Nacional para ser trasladada al Instituto Nacional Penitenciario (INP); se deroga la actual Ley de Rehabilitación del Delincuente, que ha sido el instrumento jurídico por el que se han administrado las prisiones en el país.
Amplio consenso
El diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión que dictaminó el proyecto de Ley, hizo una amplia exposición de los alcances de dicha ley y aseguró que cuenta con la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Pérez explicó que se trata de un proyecto que se trabajó ampliamente con los grupos defensores de los derechos humanos, expertos en el tema penitenciario, la CSJ y organismos internacionales.
El sistema penitenciario actualmente funciona bajo la coordinación de la Dirección de Centros Penales que es un órgano dependiente de la Policía Nacional.
Instituto Penitenciario
La Ley creará el Instituto Nacional Penitenciario (INP) como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Interior y Población y le corresponderá la organización, administración y el funcionamiento de todas las cárceles del país.
Con sede en Tegucigalpa, el INP propondrá y ejecutará la política carcelaria del país y pondrá énfasis en la reinserción social de las personas privadas de libertad.
“El Instituto Penitenciario velará por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa y laboral de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva o cumpliendo penas o medidas de seguridad”, explicó el diputado Pérez.
Además, dicho instituto organizará los cuerpos de seguridad que laborarán en las cárceles y se encargará de formar y adiestrar al personal del sistema penitenciario nacional, así como promover actividades de especialización, actualización y de promoción para su mejoramiento profesional.
El consejo directivo del INP estará integrado por los secretarios del Interior y Población, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; un representante de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que trabajan a favor de la población privada de libertad y un miembro de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
Carencia de ley
“Estamos creando un instituto independiente que será manejado de manera diferente y que no dependerá de la Policía para manejar los centros penales. Si no ponemos orden en los centros penales se seguirá generando delincuencia desde las cárceles”, expuso el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández.
El titular del Legislativo también pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que tome las acciones que eviten que los privados de libertad sigan realizando llamadas desde el interior de las cárceles.
Actualmente no existe una ley penitenciaria en Honduras, esta ha sido regulada en parte por el Código Penal a través de los jueces de ejecución, la Ley de Rehabilitación del Delincuente y un Reglamento de Presidios.
La nueva ley tiene carácter integral, en la misma se contempla desde la organización de toda la estructura penitenciaria, cómo estarán organizados los penales, las medidas de seguridad y su conexión con las normas internacionales sobre la materia que Honduras ha suscrito.
Carrera penitenciaria
La ley contempla todo lo relacionado a la carrera de los miembros que forman parte de la nueva estructura como el personal de custodia y los aspectos laborales de este.
No es una ley de aplicación inmediata, puesto que se está contemplando un período de transición de dos años para que la actual Dirección de Centros Penales de la Policía pueda traspasar los bienes, el personal y todo lo demás al INP.
En ese sentido, se crea una Comisión de Transición que sería el ente encargado de estructurar el nuevo sistema penitenciario en Honduras.
Nuevo orden
A partir de la vigencia de la nueva ley, en los Centros Penitenciarios se mantendrán separados los menores adultos de los adultos; los enfermos mentales, los sordomudos, los ciegos, los farmacodependientes y cualquier tipo de personas que, sufriendo serias limitaciones físicas o mentales, queden dentro del ámbito del derecho penal y puedan ser recluidas en instituciones especializadas.
Las personas que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas podrán ser separadas del resto de la población penitenciaria, dependiendo de la etapa del tratamiento penitenciario en que se encuentren y de las disposiciones que en materia técnica y de seguridad establezca la Dirección Nacional.
Una vez realizado el estudio técnico-criminológico y la correspondiente clasificación de la persona sujeta a privación de libertad, de acuerdo con esta Ley y sus Reglamentos, se le ubicará en los centros penitenciarios en los siguientes regímenes de seguridad: Régimen de seguridad máxima o alta; Régimen de seguridad media; y Régimen de seguridad mínima.
El INP es creado luego de que murieron el pasado 14 de febrero 361 reos en un incendio en la cárcel de Comayagua,
90 km al norte de Tegucigalpa, una de las peores tragedias carcelarias del mundo.
Otros 13 reclusos murieron
el pasado 29 de marzo en un enfrentamiento protagonizado por bandas de internos en la cárcel de San Pedro Sula, 240 km al norte de la capital, donde en 2004 ocurrió un incendio que dejó 107 muertos.
Según organismos de derechos humanos y entidades estatales, las 24 cárceles hondureñas enfrentan severos problemas de hacinamiento, debido a que fueron construidas para albergar unos 8,000 presos, pero mantienen a unos 13,000, el 60% de ellos sin condena.
Legislan sobre desaparición forzada
Una reforma al Código Penal fue aprobada ayer por el Congreso Nacional en tercer debate, orientada a incorporar en la legislación hondureña el delito de desaparición forzada de personas, con base a los procedimientos internacionales.
El cambio consiste en incorporar un nuevo artículo bajo la denominación 333-A, en el que se contempla el delito referido.
La reforma dice textualmente: ARTÍCULO 333-A. - Cometen el delito de Desaparición Forzada y serán sancionados con pena de reclusión de quince (15 a veinte (20) años, y multa de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos, quienes actuando con autorización, apoyo o la aquiescencia de uno o más funcionarios o empleados públicos, prive de su libertad a una o más personas cualquiera que fuere su forma, con lo cual se le limite o niegue el ejercicio de las garantías Constitucionales y las Garantías Procesales Pertinentes siempre que concurran cualquiera de las circunstancias siguientes:
Falta de información con la negativa a reconocer la privación de libertad; oculten o nieguen el paradero de la o las personas detenidas; cuando el o los imputados sean funcionarios o empleados públicos la pena se incrementará en un tercio.
