Finanzas incluye en presupuesto de la Unag L242 millones para pagar arancel inconstitucional
Los empleados de la Unag demandaron al Estado por unos 600 millones de lempiras, basado en un arancel que la Corte declaró no procedente. Aún así, Finanzas lo incluyó dentro del presupuesto de 2027
- Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 23:00
Tegucigalpa. Bajo el lema prioritario del plan de Gobierno “Juntos vamos a estar bien”, la Secretaría de Finanzas (Sefin) giró al Poder Legislativo un presupuesto que incluye una partida de 242 millones de lempiras para la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) para cubrir un arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas, que el 5 de febrero de 2009 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expulsó formalmente del ordenamiento jurídico nacional.
Fuentes vinculadas a la Unag expusieron a EL HERALDO Plus que hace unos meses el abogado Guillermo Escobar Montalván reunió a un grupo de docentes de este centro de estudios superiores y les propuso utilizar la Ley de Reactivación Económica a su favor.
Escobar les explicó que por medio de este mecanismo podrían obtener 600 millones de lempiras, colocando como base una demanda sobre el pago del arancel del profesional de las ciencias agrícolas que actualmente está bloqueado, penal y civilmente, en el Poder Judicial.
Según las fuentes, el mismo abogado les explicó que tal pago ya casi era un hecho, porque ya había hablado con las máximas autoridades de Finanzas y del Congreso Nacional para que se aplique sin problemas y se incluya en el Presupuesto General de la República de Ingreso y Egresos de 2027, que está por ser discutido y aprobado en el hemiciclo.
El 23 de marzo de 2006, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el artículo 1 del decreto legislativo 78-2001, que daba rango de ley al arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas, pero quedó formalmente fuera del ordenamiento jurídico hondureño hasta el 5 de febrero de 2009.
El 1 de marzo de 2013, un total de 94 docentes, incluidos todos los miembros el Consejo Directivo de la Unag, a través de su apoderado legal Escobar Montalván, demandaron a la universidad exigiendo el pago de 164.2 millones de lempiras por concepto del mencionado arancel declarado inconstitucional años atrás.
En ese entonces, el equipo de defensa de la universidad únicamente le apostó a dos acuerdos extrajudiciales de pagos, que luego fueron homologados en el juzgado, dándoles la denominación de título extrajudicial.
Meses después, la CSJ destituyó a la jueza Lidia Marlene Martínez Amador, quien llevó el caso en los tribunales de Catacamas.
El caso de la legalidad del cobro del arancel se ventila en los juzgados de lo civil y en los tribunales de lo penal, pero están actualmente detenidos por falta de resoluciones y actuaciones de los funcionarios judiciales.
EL HERALDO Plus contactó a Escobar Montalván, quien confirmó que en una reunión con los demandantes sí les habló de 600 millones de lempiras. “Uno pide porque eso es lo que sale, la deuda, pero que se lo den es otra cosa, porque es una conciliación... En una conciliación no le van a dar todo lo que usted pida, pero le pueden decir te vamos a dar un pedacito aquí, un pedacito allá, y otro pedacito después, para arreglar”.
Demandas
De acuerdo a las declaraciones de Escobar Montalvan, varias demandas se han interpuesto con el propósito de que la Unag le pague millonarios compromisos a sus empleados, que carecen de legalidad.
“Con la deuda usted habla de 600 millones, pero solo para este año dieron 13 millones, pero para nivelación. Son 237 millones (para los) demandantes, porque entraron nuevos. Son tres demandas. Está la viejísima que ya no se les debe, pero si hay dos nuevas que se les debe grueso, una que la metí en 2019 y otra en el 2020”, sostuvo.
El profesional del derecho destacó que las últimas dos demandas están vivas. “Esas son las que suman los 600 millones y pico hasta la fecha de hoy, pero pagando eso ya no se le debe absolutamente a nadie”, explicó.
De acuerdo a datos proporcionados por el mismo abogado, ya se entró en un arreglo con autoridades de Finanzas y del Congreso Nacional para la aprobación del dinero, que son más de 200 millones de lempiras.
Sobre cómo el Estado va a erogar semejantes cantidades para pagar un arancel que fue declarado inconstitucional y que tanto la demanda penal como civil está trabada en la CSJ, Escobar Montalvan aseguró que todo ese arreglo lo permite la Ley de Reactivación Económica.
La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano fue aprobada mediante el decreto No. 17-2026, publicada en el diario oficial La Gaceta el 27 de febrero de 2026. Se trata de una normativa de carácter extraordinario, excepcional y temporal, con una vigencia máxima de 24 meses, orientada a ordenar las finanzas públicas del Estado.
La normativa permite la conciliaciones y juicios contra el Estado. Incluye mecanismos para negociar acuerdos de pago y conciliaciones en demandas judiciales contra el Estado, de donde se amparan los abogados que representan a los trabajadores de la Unag.
EL HERALDO Plus trató de contactar al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspras, pero no atendió las llamadas ni respondió los mensajes. Luego, este equipo periodístico lo buscó en las instalaciones de la PGR, donde le informaron que algunas oficinas habían sido trasladadas al Centro Cívico Gubernamental (CCG), ya que se había despedido al personal de Relaciones Públicas.
Al llegar a la torre I del CCG, los guardias de seguridad de la recepción no permitieron el ingreso, sino que se comunicaron con los encargados de la PGR, quienes les dijeron que estaban en una reunión y que no podían atender a nadie. Solicitaron dejar un número de celular y aseguraron que devolverían la llamada, pero hasta la publicación de este reportaje no lo habían hecho.
En manos de comisión legislativa
Una vez que el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, dictaminó favorable el presupuesto de la Unag para el 2027 por un monto de 1,114,035,656 lempiras, el Ejecutivo lo envió al Congreso Nacional para su aprobación.
De acuerdo al anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2027 de la Unag, son 242 millones de lempiras que serán destinados exclusivamente para atender las obligaciones derivadas de las demandas relacionadas con el reconocimiento del arancel profesional de las ciencias agrícolas.
La primera asignación es de 42 millones de lempiras, que se incluye dentro de los Servicios Personales, luego se recomienda la asignación de 200 millones de lempiras adicionales del presupuesto de servicios no personales, destinados para atender gastos judiciales, exclusivamente para las demandas del mismo arancel correspondiente a años anteriores.
EL HERALDO Plus por medio de mensajes de WhatsApp le consultó al titular de Fianzas sobre el pago del arancel y afirmó que no sabía nada al respecto, pero confirmó que sí se asignaron 200 millones de lempiras adicionales, aunque supuestamente será utilizado en contingencias en general, como combustibles, pago de energía y en emergencias por fenómenos naturales.
Ahora será la comisión de Finanzas del Legislativo la que tendrá la responsabilidad de aprobar o no tal monto para el pago del inconstitucional tarifario de los profesionales de las ciencias agrícolas.
Marco Midence, extitular de la Sefin y diputado al Congreso Nacional, indicó que lo que se ha hecho es eliminar restricciones para garantizar los derechos de los trabajadores, y que se permita que las conciliaciones se hagan de patrono a trabajador.
Sobre las condiciones de ese arancel, y por sus antecedentes legales, dijo que se va analizar, ver el expedientes judiciales, pero lo más importante a considerar en ese momento, es no afectar los derechos de los trabajadores.
EL HERALDO Plus consultó a varios diputados, pero afirmaron desconocer lo que está pasando, entre ellos Rafael Sarmiento, quien consideró que es un tema delicado, a la vez argumentó que no tenía conocimiento a fondo del asunto.
Presupuesto
El presupuesto de ingresos recomendado para el ejercicio fiscal 2027 a la Unag asciende a 1,114,035,656 lempiras, el cual presenta una disminución de 159,061,713 lempiras (12.5%) respecto al presupuesto aprobado en 2026.
Según el POA en el área de servicios personales para el ejercicio fiscal 2027 se recomienda una asignación de 532,079,152 Lempiras, destinada principalmente a financiar las remuneraciones y obligaciones patronales del personal de la Unag.
Del total asignado, 531,899,152 corresponden al personal permanente, destacando 334,899,937 lempiras para el pago de sueldos básicos y 54,929,042 lempiras para los servicios adicionales, de los cuales 42,000,000 son destinados exclusivamente para atender las obligaciones derivadas de las demandas relacionadas con el reconocimiento del arancel del profesional de las ciencias agrícolas.
Asimismo, se contemplan 28,782,532 lempiras para el pago del decimotercer mes de salario, la misma cantidad para el decimocuarto mes y 28,782,532 lempiras para complementos, es decir, las vacaciones.
En materia de obligaciones patronales, se asignan 48,046,953 lempiras para contribuciones al Injupemp y 7,675,624 para contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), adicionalmente, se incorporan 180,000 lempiras para gastos de representación en el país.
En servicios no personales se recomendó una asignación de 291,891,511 lempiras, que resulta superior en 200,000,001 de lempiras, 217.6% más respecto al resupuesto aprobado en 2026.
Este incremento obedece principalmente a la incorporación de los 200 millones de lempiras para gastos judiciales, destinados exclusivamente para atender compromisos derivados de la demanda del arancel de profesionales correspondientes a años anteriores, destaca el documento.
EL HERALDO Plus trató de dialogar con el rector de la Unag, Roy Menjivar, por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp, pero no contestó a las preguntas sobre la legalidad y el pago del arancel.
