¿Qué proyectos de infraestructura se reactivan con los contratos aprobados por CN?

Tegucigalpa, Honduras.- Carreteras, puentes, bordos, estacionamientos y otros proyectos de infraestructura considerados necesarios para Honduras están dentro de los 182 contratos que aprobó el miércoles 8 de abril por unanimidad el Congreso Nacional.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) recibió la autorización para continuar, reanudar o realizar estudios de significativas obras de solución vial y mitigación de riesgos, con una inversión que supera los 11,500 millones de lempiras.

EL HERALDO Plus tuvo acceso al documento donde se detallan los contratos y tipo de proyectos que se ejecutarán. Varias obras iniciaron en la administración anterior, pero ante la falta de actividad del pasado Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, no se habían aprobado.

Según el dictamen presentado por la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas, se trata de 67 proyectos —considerando que algunas obras incluyen tanto el contrato de ejecución como el de supervisión, mientras que otras corresponden únicamente a estudios o diseños— cuyos efectos trascienden el período del gobierno actual o exceden el 25% del monto original del contrato.

De acuerdo al informe de la SIT, existen proyectos cuya estructuración data 2021. El resto fueron formulados entre 2023 y 2026, a los que se busca dar continuidad o comenzar formalmente.

El argumento de los legisladores es que estos proyectos constituyen una inversión estratégica, económica y territorial, orientada a mejorar la conectividad del país.

En Francisco Morazán, especialmente para Tegucigalpa, se destacan varias obras de gran envergadura, como el libramiento Anillo Periférico - carretera CA-5 Sur, que consiste en la construcción y pavimentación a cuatro carriles del tramo que conectará el sector de aldea La Cañada hasta El Tizatillo, al sur de la capital.

Este proyecto ya está en desarrollo, porque inició en la administración anterior, con el propósito de reducir el congestionamiento en este sector de la capital. Aunque sufrió una breve paralización, el Gobierno actual retomó las labores y se fijó la meta de entregar la vía en 2028.

El decreto también incluye un contrato de consultoría para realizar el estudio y diseño final de la sección IV del Anillo Periférico de Tegucigalpa, es decir, la obra que busca unir el actual anillo periférico entre la salida a Santa Lucía con la CA-5 Norte.

Se contempla, además, la construcción de un puente peatonal en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa y proyectos de pavimentación en varias colonias de la capital: Loarque, Villa Nueva, Villa Adela, aldea Las Casitas, Los Pedernales, entre otros. Asimismo, se incluye la rehabilitación del estacionamiento del Hospital San Felipe.

Para Francisco Morazán también se aprobó la pavimentación de aproximadamente cinco kilómetros de concreto hidráulico desde Lepaterique hacia Mateo y 2.5 kilómetros entre El Tomate y Orica, así como en Tatumbla, Sabanagrande y Santa Lucía.

En el sur de Honduras, específicamente en Valle, se aprobó la rehabilitación de un tramo entre Alto Verde y Coyolito, Amapala, así como la construcción de un puente de hamaca peatonal en la Costa de los Amates del municipio de Alianza, como una alternativa cuando el río Goascorán deja incomunicados a sus habitantes.

En Choluteca ya se aprobó el mantenimiento de la CA-1 Oriente, una carretera que comunica a Choluteca con San Marcos de Colón en su etapa 1, con una longitud de 32.2 kilómetros.

Se incluyen mantenimientos a red vial no pavimentada, pavimentación de colonias, barrios y comunidades, y trabajos de preservación sobre el puente Carías en Choluteca.

Los proyectos de infraestructura en el departamento de Atlántida contemplan diversas actividades de mantenimiento, pavimentación y protección de puentes.

Una de las obras más importantes es el mantenimiento de 170 kilómetros de la carretera CA-13, entre La Ceiba, Atlántida, y Puerto Castilla, en Trujillo, Colón.

Marco Midence, diputado de esta región e integrante de la Comisión de Finanzas, declaró a EL HERALDO Plus que existe disponibilidad de recursos financieros para ejecutar estos proyectos, ya que el Estado adquiere el financiamiento mediante deuda o ingresos tributarios.

"Todos los contratos que se firman tienen que tener presupuesto de soporte; si no, son nulos; entonces ya tienen su espacio fiscal y su contrato”, destacó el legislador, dando la confianza para su ejecución.

Otra de las grandes obras viales que se busca concretar es el mantenimiento de 51.80 kilómetros de la ruta 23, en el tramo Olanchito, Yoro–Sabá, Colón. En estos departamentos también se contemplan reparaciones en varios municipios y puentes.

Más al norte, específicamente en Cortés, se aprobó el financiamiento para el estudio y diseño final de la ampliación, rehabilitación y mejoramiento vial del tramo Chamelecón–Naco.

También se incluye la pavimentación en las zonas de Río Lindo, San Isidro, Santa Cruz de Yojoa y en San Pedro Sula, con construcción de puentes y bordos en ríos y quebradas.

Mientras que en el departamento de Olancho se identifican un total de 10 proyectos primarios, entre obras y supervisiones, que abarcan pavimentación de carreteras, construcción de puentes y mantenimiento de la red vial no pavimentada.

Para Santa Bárbara existen varias obras, incluyendo la pavimentación de las calles de la colonia San Francisco de Asís en Macuelizo, uno de los tantos proyectos habitacionales que comenzó el Instituto de la Propiedad (IP) en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, y que aún no se concluyen. Este es un proyecto por el cual el padre Leopoldo López ha luchado incansablemente.

Para Comayagua se tienen estipulados varios proyectos de mantenimiento y construcción de pavimentos, así como una estación depuradora de aguas residuales para el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

Mientras que para el oriente también se aprobó la continuidad del proyecto entre Danlí y Trojes, en El Paraíso, en 27.59 kilómetros.

Midence destacó que estos proyectos mejorarán la conectividad del país, generarán empleo y dinamizará la economía de las distintas zonas, porque aumenta el turismo, el comercio y las oportunidades.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que los 182 contratos de infraestructura aprobados por el Congreso Nacional serán revisados para determinar su continuidad.

Explicó que, cuando termina una administración y comienza otra, se requiere la aprobación del Congreso Nacional de los denominados contratos de arrastre; es decir, aquellos que no fueron finalizados en la administración anterior y que deben continuar en ejecución.

Una vez aprobados por el Congreso Nacional, estos pasan a revisión para determinar el avance físico y financiero de cada uno de los proyectos, etapa en la que actualmente trabaja la SIT.

“Los que ya cuentan con un avance físico y financiero van a ser reactivados, haciéndonos cargo tanto de los compromisos financieros adquiridos, como de la supervisión, para finalizar cada uno de esos contratos”, afirmó Ehrler.

Mientras que aquellos que no presentan ningún tipo de avance físico ni financiero, es decir, en los que únicamente se suscribió el contrato a finales de la administración, dejándolos a nivel de anticipo, probablemente serán rescindidos.

Los fondos de esos contratos rescindidos se utilizarán en una nueva estrategia de interconexión municipal, que se alinea con la visión del presidente Nasry Asfura.

Ehrler detalló que hay proyectos importantes dentro de esos contratos, incluidos varios que se ejecutan con fondos externos, como el libramiento de la salida al sur de la capital y el tramo La Ceiba–Trujillo.

También existe una cantidad significativa de contratos pequeños a nivel nacional que deben ejecutarse con fondos nacionales, pero antes serán revisados individualmente para determinar la continuidad de esas obras, alertó.

Precisó que “ya estamos haciendo la planificación para reactivar los pagos de los que realmente se están ejecutando, y que generan un beneficio para la población, a la vez se van a detener de inmediato los que no generan ningún beneficio”.

El funcionario dijo que, en deuda contractual, los 182 contratos suman 12,750 millones de lempiras comprometidos, aunque lógicamente no se van a ejecutar durante esta administración, pero sí representan un arrastre de una deuda flotante dentro de la administración.