Tegucigalpa, Honduras.- La reciente aprobación de la Ley de Justicia Energética ha generado cuestionamientos de diputados de oposición y exfuncionarios, así como de usuarios en en redes sociales, quienes sostienen que la reforma representa una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y podría permitir que parte de sus actividades y activos pasen a manos privadas.
Los señalamientos surgen por los cambios que la nueva legislación introduce en la estructura de la ENEE. Para sus críticos, la reorganización modifica de forma sustancial la administración de la empresa pública y genera dudas sobre el futuro de sus bienes y servicios.
Sin embargo, determinar si esta reestructuración implica una privatización requiere revisar qué establece la ley sobre la propiedad de las nuevas empresas, sus acciones y los activos que actualmente pertenecen a la ENEE.
A continuación, EH Verifica analiza lo establecido en la Ley de Justicia Energética para determinar si contempla la privatización de la ENEE y qué cambios introduce respecto a su propiedad y activos.
No lo establece
La Ley de Justicia Energética plantea una transformación de la ENEE, pero el proyecto no establece la venta de la estatal ni la transferencia de su propiedad al sector privado.
El principal cambio está contenido en el artículo 3, que ordena separar las actividades de generación, transmisión y distribución en tres empresas: ENEE Generación, ENEE Transmisión y ENEE Distribución. Estas funcionarían como sociedades anónimas con autonomía administrativa, operativa, técnica y financiera.
En términos sencillos, la ENEE dejaría de administrar directamente las tres actividades bajo una misma estructura y pasaría a funcionar principalmente como empresa matriz. Sin embargo, esta separación no implica que las nuevas empresas sean privadas.
El mismo artículo establece que las tres subsidiarias serán propiedad del Estado de Honduras a través de la ENEE Matriz. Cada una tendría inicialmente un capital de 150 millones de lempiras, aportado en su totalidad por la ENEE.
Además, la ENEE Matriz conservaría el 100 % de las acciones. El proyecto también prohíbe incorporar otros accionistas o transferir acciones a terceros.
El dictamen de la Comisión de Energía del Congreso Nacional señala que durante la discusión del proyecto se abordó el “rechazo explícito a cualquier forma de privatización de la ENEE” y la preservación de su carácter público.
Al mismo tiempo, el proyecto plantea atraer inversión privada al sector eléctrico “sin renunciar al carácter público” de la empresa estatal.
Propiedad de la ENEE
Una de las principales disposiciones para determinar si existe una privatización está contenida en el literal C del artículo 3. El proyecto establece que el Estado será el propietario exclusivo del capital social de las subsidiarias y que la ENEE Matriz tendrá el 100% de sus acciones.
También prohíbe incorporar accionistas distintos de la ENEE Matriz, así como emitir y adjudicar acciones a terceros.
La ENEE Matriz tampoco podrá vender, ceder, transferir, donar, gravar o traspasar las acciones de las subsidiarias sin autorización del Congreso Nacional. Por tanto, el proyecto no autoriza por sí mismo la venta de acciones al sector privado y establece que cualquier eventual transferencia tendría que contar previamente con la aprobación del Legislativo.
El artículo 4 reafirma esta estructura. Una vez realizada la separación, la ENEE ejercerá, en representación del Estado, la titularidad del 100 % de las acciones de las subsidiarias y custodiará el patrimonio estatal.
Samuel Rodríguez, experto en temas energéticos, coincide en que la reforma no implica una transferencia de la estatal al sector privado.
“La reforma no es una privatización, no estamos hablando de que la ENEE está buscando un socio, no estamos hablando de que la ENEE está vendiendo activos, estamos hablando únicamente que es un ordenamiento del mercado eléctrico nacional”, explicó Rodríguez.
Activos continúan siendo estatales
El literal D del artículo 3 establece que las presas hidroeléctricas, las redes de transmisión y distribución, las subestaciones, los terrenos, las servidumbres y demás infraestructura estatal permanecerán bajo la titularidad y el patrimonio de la ENEE Matriz.
Las subsidiarias podrán administrar, operar, mantener y custodiar esos bienes, pero el proyecto establece que esa asignación se hará “sin transferencia de dominio”.
Además, determinados bienes y activos son declarados intransferibles e inalienables. La norma también prohíbe utilizarlos como garantía para obtener financiamiento, así como emitir instrumentos financieros que reduzcan la participación de la ENEE Matriz por debajo del 100%.
El literal F del mismo artículo declara, además, los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas de la ENEE como bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables.
Inversión privada en proyectos
Aunque el proyecto no establece la privatización de la ENEE, sí amplía los espacios para la participación privada en el subsector eléctrico.
El artículo 6 permite a las subsidiarias obtener préstamos de instituciones financieras públicas o privadas, con autorización de la ENEE Matriz y dictamen favorable de la Secretaría de Finanzas. También podrán emitir bonos u otros instrumentos de deuda respaldados por sus ingresos.
La reforma mantiene, además, la participación de empresas privadas en la generación y comercialización de energía. Las generadoras podrán vender electricidad a distribuidoras, consumidores calificados, comercializadoras y otros agentes del mercado.
En transmisión, el artículo 13 establece licitaciones públicas internacionales para nuevas obras de expansión. Los proyectos podrán ser adjudicados a oferentes que cumplan con los requisitos establecidos. También permite que determinados proyectos de interés particular sean desarrollados por empresas o particulares, previa autorización de la CREE y con estudio del OSM.
Samuel Rodríguez señala que esta apertura del mercado no supone necesariamente la pérdida de los activos estatales, sino que busca establecer condiciones para que la ENEE opere de manera más eficiente.
“Abrir el mercado es que lo estatal sea eficiente, opere sus activos de manera eficiente, como El Cajón, como la red de transmisión, como las redes de distribución que tiene”, afirmó.
La participación privada tampoco comenzaría con esta reforma. Las disposiciones transitorias reconocen los contratos de compra de energía que la ENEE mantiene con generadores privados y establecen que continuarán hasta su vencimiento. Sin embargo, no podrán renovarse, prorrogarse o extenderse sin autorización del Congreso Nacional.
Otro cambio importante está en la reforma al artículo 9 de la Ley General de la Industria Eléctrica, que establece un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) independiente de la ENEE.
El OSM tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y no formará parte de la Administración Pública. Su función será encargarse de la operación integrada del sistema eléctrico y de la administración del mercado.
Su junta directiva estará integrada por representantes de empresas transmisoras, generadoras, comercializadoras y distribuidoras, además de representantes de los consumidores.
Esto significa que la operación del sistema y la administración del mercado quedarán separadas de la ENEE. Sin embargo, esa separación tampoco implica que las empresas o los activos estatales pasen a manos privadas.
En conjunto, la reforma cambia de manera importante la estructura de la ENEE: divide sus actividades en tres subsidiarias, le asigna el papel de empresa matriz y separa de ella la operación del sistema y del mercado.
