Congreso Nacional recibió 47 solicitudes de préstamos millonarios en tres años

Tegucigalpa, Honduras.-Entre 2022 y finales de 2024, el Congreso Nacional de Honduras aprobó 314 decretos; de esos, 47 fueron solicitudes de préstamos, es decir, entre 1 y 2 de cada 10 decretos eran para asumir una deuda.

Lo más preocupante es que muchos de los decretos se discutieron en sesiones ordinarias y, en varios casos, en plena madrugada, sin atención pública ni debate suficiente.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revisó los decretos publicados por el Congreso Nacional en el Portal de Transparencia, evidenciando que de los 47 préstamos solo 6 fueron oficialmente sancionados; de los demás no hay un registro público sobre cuántos fueron aprobados ni en qué condiciones se firmaron.

Pero los mismos diputados aseguran que todos los decretos de préstamos que han llegado al Congreso fueron aprobados y enviados a la Tesorería General de la República.

La deuda suma 6,322 millones de dólares que van para la deuda externa y 825.8 millones de lempiras (deuda interna).

En lo que va de 2025 —al menos hasta el 19 de mayo— no se publicó ningún nuevo decreto de préstamo; sin embargo, el Congreso Nacional informó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que ya aprobó al menos 7 nuevos préstamos, la mayoría destinados a proyectos de infraestructura y medioambiente, con un monto total que supera los 645 millones de dólares.

Diputados y sociedad civil expresaron su preocupación y denunciaron que muchos de estos préstamos fueron aprobados sin cumplir con los pasos legales.

La congresista Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), expuso que la mayoría de estos 54 decretos (incluyendo los 7 de 2025 que no se publicaron en el portal de transparencia) se pretendieron aprobar por el oficialismo de una sola vez y no recurrieron a los debates como se hace con los otros actos administrativos.

“De forma irresponsable pretenden, incluso, en muchos de ellos, hasta dispensar dos de los tres debates para que en uno se apruebe esa cantidad exorbitante de dinero”, indicó Mena.

Denunció que “en el Congreso utilizan esos préstamos para amarrar algunos otros proyectos que tienen que ver con proyecciones a algunos municipios, pero no están dando cuenta del enorme costo que paga el pueblo hondureño en préstamos donde desconocemos el mecanismo de fiscalización, desconocemos más allá de una ficha técnica”.

Es decir que ni los mismos diputados conocen sobre qué trata en sí el decreto, ya que con la ficha técnica ellos pueden ver los puntos más torales de los acuerdos: ejecución, tiempo e incluso la tasa de interés, la cual, según los parlamentarios y los análisis de este rotativo, está en muchos de los casos oculta y sin especificar en los decretos.

La diputada del PSH expuso que por esta razón: “Hemos votado incluso en contra de los últimos contratos, porque hay claridad sobre la tasa de interés. O sea, que se establece una tasa que no dice el monto específico o, por ejemplo, hay ciertas variables, sino que básicamente queda abierto. Entonces hay un alto endeudamiento, sin conocer cuál es el mecanismo de veeduría, de seguimiento, ejecución, dónde está justificada la pertinencia de ese proyecto y que, evidentemente, por último, pero no menos importante, tanto endeudamiento en un año político va a pasar lo que sucede otros años”.

Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo que la solicitud y aprobación de tanto préstamo se debe a la “narrativa o al doble discurso que existió en algún momento cuando el partido que hoy nos gobierna era oposición; hablaba y criticaba el endeudamiento, pero también el tema de cómo se manejaba esa deuda”.

Desde su expertis, Aguilar compartió que en estos “tres años, cinco meses, el Congreso Nacional aprobó un endeudamiento bastante fuerte a través de fondos externos; incluso parte de la adhesión al CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), fondos con Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Mundial, etcétera, que al final de cuentas hace más grande la deuda en el país y que todavía no lo hemos visto materializado tampoco en grandes obras”.

El analista de ASJ explicó que “si bien es cierto que hay una fuerte inversión en temas de infraestructura, también es un presupuesto, uno engañoso que se hace en gran medida para que se vea que la inversión pública es alta”.

Con estas prácticas, según dijo, “la norma no es la transparencia, la norma no es la rendición de cuentas, sino, por el contrario, buscar ocultar información, no publicar todo; entonces uno desconfía por el tema del manejo de los fondos”.

En los últimos tres años se aprobaron préstamos por miles de millones de dólares. Hoy, esa deuda ya forma parte de la carga que el país tendrá que pagarse en las próximas décadas, gracias a las gestiones de los congresistas.

Entre 2022 y 2024, el Congreso Nacional de Honduras recibió y discutió 47 solicitudes de préstamos. De estos, 34 fueron negociados en dólares, 9 en lempiras y el resto —según los decretos legislativos publicados— en yenes japoneses.

El análisis de los montos revela un gran endeudamiento. Los préstamos en dólares superan los 6,142 millones; los contratados en yenes suman más de 26,104 millones, y los negociados en lempiras ascienden a 825.8 millones.

Para calcular el peso total de esta deuda sobre las finanzas del Estado, se convirtió el monto en yenes a dólares usando el tipo de cambio actual, aunque los préstamos fueron solicitados en años anteriores y con tasas distintas.

El valor estimado de los préstamos en yenes equivale a 180.6 millones de dólares. Al sumarlos a los otros $6,142 millones, el total asciende a 6,322.8 millones de dólares. Convertido a moneda nacional, este monto representa más de 164,380 millones de lempiras, según el tipo de cambio actual en Honduras.

Esta deuda representa un compromiso financiero enorme para el país. Aunque se calculó con los valores actuales del mercado, su impacto podría cambiar debido a la variación en el valor de las monedas extranjeras.

Los fondos, según los decretos, fueron solicitados para temas de infraestructura, salud, medioambiente y protección social; sin embargo, muchos de estos préstamos fueron aprobados sin que se explicaran sus condiciones.

Esto provocó críticas, sobre todo por parte de la oposición, que acusa al gobierno de manejar los fondos sin transparencia. El tema preocupa aún más por tratarse de un año electoral.

Ya que el gobierno solicitó en este 2025 el acumulado de 645 millones de dólares en siete nuevos préstamos: 3 enfocados en temas ambientales y de seguridad alimentaria, 1 en la construcción de la represa El Tablón, otro en apoyo al sector cafetalero y 150 millones más negociados con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para proyectos sociales y de igualdad de género, según se publicó en X.

Maribel Espinoza, diputada por el Partido Liberal, sostuvo que “como diputados no sabemos si los recursos que se han aprobado en el congreso han sido destinados a los proyectos que se han dicho, ni sabemos si han sido debidamente ejecutados”.

Además expuso que dentro del “Congreso hay una comisión de presupuesto que dijo que iba a verificar; eso nos dijo al comienzo del 2022, pero yo no he visto nada. Yo en lo único que confío es, y espero, que las entidades financieras que otorgan estos préstamos hagan una debida supervisión”.

La parlamentaria también aseveró que el partido Libertad y Refundación (Libre) hace uso de estos fondos para hacerle la campaña política a su candidata presidencial y a otros integrantes del movimiento.

“Están utilizando recursos del Estado en la campaña política. Cuando uno habla, debe tener pruebas. Hemos visto cómo la ministra de Defensa utiliza los helicópteros del Estado para hacer reuniones políticas, cómo los canales del Estado sirven para cubrir los eventos políticos del partido de gobierno, cómo el diario que ellos han impreso es un boletín político de la candidata del partido de gobierno”, expresó con contundencia.

La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, por su parte, afirmó que “estamos viendo que los préstamos que se están empleando, la mayoría tiene que ver con procedimientos de compras directas, contratos directos. Y esto es lo que genera desconfianza y genera dudas, especialmente en un año electoral, si los préstamos están empleando para gasto corriente”.

Asimismo, apuntó que “si aumenta la deuda pública y no se genera desarrollo y más bien se provoca dependencia y se acostumbra a la ciudadanía a estar recibiendo el bono, pero no se proveen condiciones para que se genere empleo y que haya autosostenimiento”.

Castellanos detalló que, como el Estado no tiene de dónde financiar, al país lo hace a través de la adquisición de deuda y “al final los políticos, en vez de generar bien, causan mayores problemas porque esa deuda se va acrecentando y la mayor parte del producto interno bruto se emplea para pagar esa deuda, por lo tanto es ficticio”.

En febrero de 2024, mediante el oficio SOL-SEFIN-2616-2024 de la Secretaría de Finanzas, se conoció que hasta septiembre de 2023, en los primeros dos años de mandato de la presidenta Xiomara Castro, el Estado asumió más de 1,650 millones de dólares en préstamos. Esta cifra equivale a unos 40,600 millones de lempiras.

Entre los préstamos registrados durante ese período figura uno de 150 millones de dólares, otro por 60 millones y un tercero por más de 40 millones, dirigidos al fortalecimiento del sistema de salud pública y al financiamiento de programas operativos del Registro Nacional de las Personas (RNP).

La Secretaría de Finanzas aclaró, en ese tiempo, que “las cifras finales de 2023 se encuentran en proceso de actualización y serán publicadas posteriormente”, por lo que el monto total podría ser mayor.

El informe también señala que al 31 de marzo de 2022 —dos meses después del inicio del actual gobierno—, el saldo de la deuda externa de la Administración Central alcanzaba los 8,266 millones de dólares, lo que representa el 25.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.

Muchos de los 47 préstamos valorados en millones de lempiras fueron anunciados como soluciones urgentes para mejorar la salud, reforzar la infraestructura y proteger el medioambiente, pero hoy persisten las dudas sobre su ejecución y los beneficios reales para la población.

Desde la oposición coinciden en que el dinero no se ve reflejado en obras concretas, mientras aumentan las sospechas de que parte de esos fondos podría usarse con fines políticos en año electoral.

Los análisis realizados por EL HERALDO Plus indican que 9 de los préstamos (aproximadamente 2 de cada 10) estaban destinados a proyectos de infraestructura, 6 al medioambiente y otros 6 al sector salud.

Uno de los préstamos más destacados fue sancionado en 2022. Se firmó entre Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 400 millones de dólares, destinados a atender emergencias provocadas por desastres naturales.

“El pago de este préstamo, incluyendo montos de capital, intereses, comisiones y otros cargos, estará exento de toda clase de deducciones, impuestos o contribuciones en Honduras”, detalla el decreto publicado en el portal de transparencia del Congreso Nacional.

En 2024, se discutió otro préstamo de 96.3 millones de dólares para el “Programa de Carreteras Resilientes de Honduras”. Además, bajo el decreto 96-2024, se sometió a discusión un financiamiento de 20 millones de dólares para el “Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones en el Valle de Sula”.

El resto de los préstamos discutidos eran para programas de protección social, crédito, seguridad, subsidios a combustibles y fortalecimiento de iniciativas sociales.

Para la diputada liberal Claudia Ramírez, aunque en los últimos tres años se han destinado más de 778 millones de dólares (más de 20 mil millones de lempiras) para el sistema de salud, no se ven mejoras reales.

“El Congreso Nacional es totalmente amorfo por su forma de instalación; es ilegal. ¿Y cómo de algo ilegal puede salir algo legal? Lo que hemos visto son promesas vacías. No hay avances reales en El Tablón, ni en hospitales que están a medio construir. Al final, vamos a heredar un montón de obras grises e inconclusas que terminarán como refugios del abandono”, declaró.

“No hemos visto que se trabaje por la nación. No hay avances en educación, en salud ni en seguridad. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta que sigue pendiente después de más de quince años: “¿A dónde fue a parar y qué se ha hecho realmente?”, condenó.

Por otro lado, el diputado de Libre, Ramón Barrios, defendió el uso de los fondos y aseguró que el presupuesto se ha invertido en su mayoría en infraestructura, sobre todo en carreteras.

“Creo que entre el 70 % y el 75 % de los préstamos aprobados por el Congreso se destinan a obras de infraestructura, principalmente vial. Me parece que eso es correcto. Endeudarse no es malo si se hace bien”, afirmó.

Los datos revisados por EL HERALDO Plus muestran que el 19% de los préstamos —9 de los 47 decretos— estaban relacionados con infraestructura, con un monto total de 1,299 millones de dólares, es decir, unos 33,794 millones de lempiras.

Ante esto, Barrios insistió en que “deberíamos endeudarnos más para tener mejores carreteras, mejores escuelas y para que más jóvenes puedan acceder a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). No solo los hijos de los ricos deben estudiar medicina; todos deberían tener oportunidades”, dijo.

En cuanto a las denuncias de uso político de los fondos, el diputado fue tajante, pues consideró que esas acusaciones son irresponsables y desacreditan a las instituciones financieras internacionales.

“Si están diciendo que el dinero se usa para campañas políticas, entonces estarían acusando al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Centroamericano de Integración Económica de ser cómplices o ingenuos. Eso es absurdo”, aseguró.

A menos de un año de las elecciones generales, el uso de los recursos públicos —y especialmente de los préstamos externos— está bajo la lupa. El endeudamiento, que por sí mismo no es negativo si se invierte con responsabilidad, debe traducirse en resultados reales y visibles.

Pero cuando las obras no avanzan, los hospitales no mejoran y las escuelas siguen deterioradas, como denuncia la oposición, la deuda deja de ser una promesa de desarrollo y se convierte en una carga que pagará la ciudadanía, sin haber recibido nunca sus beneficios.