Miembros de la mesa de trabajo del sector vivienda pidieron hoy reformas a la Central de Riesgo y mecanismos de control a las compañías constructoras para poder optar a una casa digna, durante un encuentro sostenido en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en Tegucigalpa.
En la reunión se conocieron los avances del Plan de Acción en Derechos Humanos
relativo al tema de la vivienda y se propusieron varios cambios en la legislación hondureña y en las políticas públicas.
Una de las medidas planteadas fue la de impulsar reformas en la Central de Riesgo, donde figuran hondureños por deudas mínimas, lo que es un impedimento para acceder a un préstamo para la adquisición de una vivienda.
En ese sentido, los participantes en la reunión consideraron injusto que se niegue el derecho a una vivienda que, paradójicamente, reduciría el riesgo de pérdida a la institución bancaria ya que una casa es una garantía sólida.
También pidieron mayores controles a las
compañías constructoras de proyectos habitacionales, ya que algunas incumplen con los servicios básicos o los dotan con bajos estándares de calidad.
En ese sentido, instaron a que el Ministerio Público actúe en contra de las empresas que estafan a la población hondureña al entregarles proyectos distintos a los que ofrecieron por un determinado precio.
Mencionaron también que todo proyecto habitacional debe incluir al menos un 15 por ciento para áreas verdes y recreación; no obstante, esa disposición no se cumple. En ese sentido, recordaron que las instituciones que autorizan la ejecución de estas obras incurren en faltas que deben ser sancionadas.
Exhortaron a fortalecer las capacidades del Ministerio Público para que frene estos abusos y garantice el respeto a los derechos de la población hondureña.
La mesa de la vivienda propuso además que se monitoree a las instituciones públicas que han sido creadas para garantizar el derecho de la población a una casa de habitación.
Además, pidieron un mecanismo claro que permita contabilizar la capacidad de pago del sector informal, que no está respaldado por un patrono, para que esta condición no sea un obstáculo en su derecho a optar a una vivienda.
Sobre el tema, el consultor Javier Acevedo dijo que es necesario conocer los intereses de la ciudadanía en el tema de vivienda, para hacer un análisis de las principales obligaciones del Estado para hacer que prevalezca ese derecho.
La mesa está integrada por representantes de la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (Soptravi), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y organizaciones de la sociedad civil.
El déficit habitacional en Honduras es de un millón de casas y su comportamiento es creciente.
Esta carestía ha impulsado en la capital hondureña la construcción de cuarterías que, en muchos casos, no cumplen con las condiciones dignas para sus inquilinos.
