Los operadores de las 37 tiendas libres cerradas a principios de marzo de 2010 por su probada participación en el comercio ilegal de cigarrillos, licores, fragancias, electrodomésticos y otros artículos de uso personal han comenzado a mover sus influencias para lograr que el gobierno autorice la reapertura de estos negocios en las aduanas terrestres y centros comerciales.
Así lo denunciaron a EL HERALDO fuentes oficiales, quienes pidieron mantener en reservas sus identidades. “El plan de los operadores de tiendas libres es que en los 270 días restantes del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa lograr que la Corte Suprema de Justicia falle a favor de ellos para conseguir la reapertura de los duty free”, declaró un informante.
Agregó que de favorecerles el fallo de la Sala Constitucional del Poder Judicial, el Estado de Honduras se verá obligado a pagar 240 millones de lempiras en concepto de daños y perjuicios que reclaman los “tienderos” por el cierre de estos negocios por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
La Unidad Investigativa de EL HERALDO dejó al descubierto a finales de febrero de 2010 cómo los duty free, que operaban en los predios de las aduanas terrestres, hoteles y centros comerciales del país, estaban ligados al comercio ilegal de mercaderías destinadas exclusivamente para extranjeros. Lo anterior dejó pérdidas al fisco por más de 2,000 millones de lempiras por la evasión de impuestos, así como daños a la industria formal autorizada para la distribución y comercialización interna de licores, cervezas, cigarros, aparatos eléctricos, lociones, entre otros productos.
La denuncia fue corroborada por investigadores del Departamento Antifraude de la DEI, quienes compraron en esos negocios sin cumplir con los requisitos exigidos, entre ellos la presentación del pasaporte que acreditará que la persona era de nacionalidad extranjera.
Personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos intervino las 37 tiendas libres con el propósito de realizar una auditoría de punto fijo, en donde encontraron una serie de irregularidades con la participación de los “agentes fiscales”, quienes estaban obligados a supervisar y controlar la actividad de estos negocios.
Los duty free estaban ubicados en las aduanas de Las Manos (El Paraíso), Agua Caliente y El Poy (Ocotepeque), El Amatillo (Valle) y Guasaule (Choluteca). Asimismo, tres tiendas operaban en igual número de hoteles de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, así como una bodega.
Ajustes
Después de las acciones de fiscalización practicadas a las tiendas libres, la DEI procedió a realizar una serie de ajustes y reparos, a través de los cuales se espera recuperar 204 millones de lempiras que los operadores dejaron de pagar en concepto del 15% del Impuesto sobre Venta y del Impuesto sobre la Renta. “Las resoluciones están firmes y los reparos no han sido desvanecidos por los operadores de tiendas libres”, subrayó una fuente de la DEI.
Agregó que lo que procede es que la Procuraduría General de la República incoe las acciones pertinentes para recuperar la cantidad antes señalada. Las acciones legales pertinentes están en cursos en los tribunales de justicia competentes y es la PGR a quien le corresponde representar al Estado.
El 8 de marzo de 2010, los tienderos presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una serie de recursos de amparo con la suspensión del acto reclamado, los que fueron aceptados pero sin la suspensión del acto reclamado. No obstante, a mediados de 2011 la Sala Constitucional declaró sin lugar los recursos de amparo, lo que allanó el camino para que el Poder Ejecutivo cancelara de manera definitiva estos negocios.
Irregularidades
Las intervenciones en cada una de las tiendas libres por parte de los auditores de la DEI dejaron al descubierto una serie de violaciones a las leyes bajos las cuales se rigen las tiendas libres. Uno de los hallazgos más importantes es que muchos de esos negocios no estaban en el registro aduanero, tal como lo manda el Artículo 19 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y el Artículo 11 del Recauca.
Otros no cumplían con el Artículo 21 del Cauca y Artículo 131 del Recauca referente a la garantía. Asimismo, el Artículo 20 del Cauca establece que “los auxiliares serán responsables solidarios ante el fisco, por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran personalmente o sus empleados acreditados ante el servicio aduanero.
También se encontraron violaciones al Código Tributario. Todos esos argumentos jurídicos fueron expuestos por la DEI ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
A lo anterior se suman otros ilícitos como la venta de productos a comerciantes hondureños, ventas arriba de 500 dólares a extranjeros, vencimientos de garantías, inconsistencias en los libros contables, doble facturación, faltantes en inventarios, entre otras irregularidades.
