Ante instancias jurídicas locales e internacionales se defenderán los derechos adquiridos de las empresas mineras a las cuales el Estado de Honduras les otorgó una concesión para ser explotada, advirtieron respresentantes de este sector industrial.
Ayer volvió a discutirse en el directorio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y en las oficinas de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) el impacto que tendrá la vigencia de la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, llamada “ley hipoteca”.
El artículo número uno de esta Ley autoriza la constitución de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que los mismos sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública, a más largo plazo y en mejores condiciones financieras que las actuales, y para el aporte de capital semilla que haga viables financieramente el o los proyectos de explotación racional de los recursos o de infraestructura referidos en este Decreto.
Lo anterior, sin perjuicio de las medidas de racionalización del gasto y otras que se deban tomar.
Alto riesgo
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), Marvin Bautista, expresó que defenderán los derechos adquiridos de nuestros asociados. “Esperamos que el gobierno respete estos derechos porque las concesiones fueron brindadas en legal y debida forma de acuerdo al marco jurídico vigente en esa época”, dijo.
Además que si los concesionarios no han realizado estas inversiones es porque aún no existe seguridad jurídica en el país, fueron “congeladas” desde 2006 las concesiones y 13 artículos de la Ley de Minería fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, los concesionarios que tenían los recursos prefirieron postergar sus inversiones por falta de seguridad jurídica.
Además, los industriales que tenían la concesión, pero carecían de los recursos propios para invertir, enfrentaron problemas para lograr un acuerdo con los financistas de los proyectos.
De manera recurrente, el presidente Porfirio Lobo señala que existen varias empresas en el país a las que se les adjudicó el desarrollo de concesiones mineras desde hace décadas, pero, no las han puesto en marcha, quizás a la espera de vender estos derechos a terceros. Por su parte, el presidente de Anamimh respondió que esta Ley mantiene en incertidumbre a los socios de las empresas agremiadas porque el gobierno les puede quitar los derechos de explotación minera adquiridos durante varios años.
La Anamimh posee 11 socios, de los cuales tres de ellas se mantienen en operación. El resto de estas compañías esperaban la aprobación de la nueva Ley de Minería para realizar estos proyectos y obtener financiamiento.
El capital accionario de estas empresas procede de Canadá, Estados Unidos y Bélgica.
“Creemos, en ese sentido, que se afectaría aún más el clima de negocios y la captación de inversión extranjera, porque varias de estas empresas cotizan en las bolsas de valores”, dijo. Bautista fue del parecer que la incertidumbre se acrecienta porque el presidente Lobo advirtió que ratificará esta normativa en el menor tiempo posible.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Industriales, ratificó a través de un comunicado que el contenido de esta nueva ley se presta para que sea impugnada su vigencia ante la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional y porque se contrapone a la Ley de Municipalidades y a la de Contratación del Estado.
