Reconoce labor de consejeras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recibió de la Secretaría de Educación unos 8,000 expedientes con irregularidades financieras por más de 200 millones de lempiras.
La información trascendió en el marco de una reunión efectuada en el Congreso Nacional, entre comisiones legislativas y funcionarios, convocada para discutir la reducción del presupuesto. El presidente de la comisión legislativa de Finanzas, Francisco Rivera, expresó a los medios que estos 8,000 expedientes están vinculados a actos irregulares cometidos en la Secretaría de Educación, estimadas en 200 millones de lempiras. Estos señalamientos fueron aportados de manera reciente por el secretario de Educación, Marlon Escoto, indicó Rivera.
El impacto
Fuentes empresariales informaron a EL HERALDO que en el marco de una reunión sostenida esta semana entre la dirigencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), funcionarios y diputados en Casa de Gobierno, transcendió que al menos 1,500 docentes reciben salario sin tener una plaza asignada.
Parte de esta información fue recopilada gracias a un cruce de datos entre la banca privada y las planillas que manejan las secretarías de Finanzas y Educación.
A los profesores se les paga su salario a través de entidades bancarias, por lo cual se facilita efectuar una mejor administración de los recursos asignados a la Secretaría de Educación.
En esta reunión, también se señaló que varias municipalidades del país exigen al gobierno la entrega de las transferencias, sin embargo, muchas de ellas no han presentado su respectiva liquidación.
Impunidad
El diputado Francisco Rivera urgió a las dependencias públicas que entreguen las liquidaciones presupuestarias correspondientes lo antes posible.
“Aquí hemos estado escuchando el tema de la matrícula gratis, que el ministro de Educación dice que hay 1,300 millones de lempiras que se dieron por este concepto y que no hay ninguna liquidación por parte de los señores directores de los centros educativos”, dijo.
El diputado expresó que debido a la magnitud de los hechos irregulares necesitaba mantener una comunicación con el secretario de Educación y el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Miguel Ángel Mejía, para evitar que se haga un uso inadecuado de los recursos públicos. Además han solicitado la intervención del Ministerio Público para que persiga a funcionarios que despilfarran el presupuesto de sus dependencias.
