El grupo camaronero estatal Hondufarms-Ibermar puede tener nuevo dueño a finales del presente año.
Una fuente de la Secretaría de Finanzas reveló a EL HERALDO
que el proceso de subasta pública registra un significativo avance y como parte de las acciones trazadas, el próximo 31 de mayo se procederá al despido de 41 empleados permanentes que laboran en la planta empacadora ubicada en San Lorenzo, Valle, y en las seis fincas situadas en Marcovia, Choluteca.
El precio base para los interesados es de 170 millones de lempiras, de acuerdo con lo informado por la fuente oficial, y el pago deberá ser de inmediato.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) han pedido al gobierno agilizar la privatización del grupo camaronero mediante un proceso abierto y transparente de licitación pública internacional.
Oferentes
Se espera que el consejo de administración de Hondufarms-Ibermar, el que preside el subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Carlos Borjas, convoque al proceso de subasta en junio próximo, según lo informado por la fuente oficial.
Las personas naturales y jurídicas interesadas deberán retirar las bases -continuó el informante- para conocer la situación de los activos a vender y posteriormente presentar sus ofertas económicas. El grupo camaronero está integrado por una planta empacadora conocida como Ibermar y seis fincas: Hondufarms, Culcasa, Exmar, Fincamar, Acuatec, C.W.Y.C y Camarón.
Este rotativo conoció que entre los interesados hay empresarios ligados a la industria acuícola, un grupo de diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo, trabajadores permanentes, empleados eventuales y pobladores de las zonas donde operan las fincas.
Además, un consorcio estadounidense ha expresado su interés por adquirir las acciones de ese grupo empresarial de carácter público.
El consejo de administración tiene dos opciones más: el arrendamiento con opción de compra y una asociación público privada, pero la salida para acabar con los conflictos legales es la venta a través de una subasta pública, subrayó la fuente.
Actualmente, cuatro fincas están en poder de trabajadores y pobladores, lo que significará pérdida de 20 millones de lempiras para el gobierno.
