TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace 368 días se aprobó y promulgó en La Gaceta el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2023 y a falta del instrumento correspondiente para este año se retrasará la ejecución en las instituciones públicas.
En una entrevista concedida a EL HERALDO, la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales Cruz, consideró que “esto lo que obliga a las instituciones es a retrasar la ejecución, de estar con baja ejecución en los primeros dos trimestres y hacer un proceso acelerado durante los últimos trimestres del año con las consecuencias negativas en la entrega de los productos y servicios de calidad a la población”.
“La situación ocasiona todo un contratiempo al interior de la Secretaría de Finanzas”, agregó. De la necesidad del diálogo entre el gobierno y la empresa privada y hasta de los efectos de la restricción en la venta de divisas fueron parte de las preguntas que contestó la docente universitaria.
Tras la primera quincena de enero, ¿qué impacto tiene la no aprobación del Presupuesto General 2024?
Ese es un tema sumamente importante, que va a marcar todo el quehacer del desarrollo de este año. En la Ley Orgánica del Presupuesto está estipulado que al no aprobarse en el período correspondiente el instrumento anterior sigue y esto implica que las instituciones tienen para este 2024 nuevos planes operativos anuales, tienen acciones concretas por realizar, obligándolas a iniciar con los recursos que se tenía en el 2023.
Aquí el llamado al Congreso Nacional es a la pronta aprobación de este principal instrumento de desarrollo con el que cuenta el gobierno para cumplir con las demandas y necesidades de la población y lo que se espera es que se viabilice y pueda estar disponible.
¿Qué pasará si no se dispone de un nuevo presupuesto para el presente ejercicio fiscal en un año de actividad político-electoral?
Hay un consecuente retraso de las acciones previstas porque no todas las instituciones hacen lo mismo que el año anterior, sino lo que se esperan son cambios, especialmente en los procesos de inversión pública; todo esto retrasa las acciones que el gobierno tiene previstas y ya sabemos lo que implicó en el 2023 la baja ejecución que tuvo en los primeros siete meses, entonces es una historia que no queremos que se vuelva a repetir, que las instituciones dispongan, hagan viable la programación de las actividades previstas en los tiempos adecuados.
¿Considera oportuno que el gobierno y el sector privado dialoguen para la búsqueda de soluciones a los problemas de país?
Como Colegio de Economistas nos sumamos a esa excitativa de que debe de haber ese diálogo abierto y sincero del gobierno y de la empresa privada.
El gobierno por sí mismo no tiene la capacidad de abordar temas torales como el empleo ni tampoco la empresa privada, necesitan de las políticas públicas que impulsa el Estado para tener un entorno de negocios que impulse la inversión tanto interna como la extranjera.
¿Cree que habrá mayores repercusiones a nivel interno ante la restricción en la venta de divisas?
Ese es un tema que debe de valorar el Banco Central de Honduras, hacer una revisión muy crítica de ese mecanismo porque es un tema de fondo.
El problema es que ha habido un incremento sustancial de la demanda de divisas que si se compara con otros años y el comportamiento de la economía esto implica que debido a la situación que estamos viviendo en el país las personas están pasando sus activos de lempiras a dólares, se puede decir que hay una desinversión en el país y se está colocando en otros países.
