Las finanzas públicas del gobierno central atraviesan una situación de insolvencia que solo puede superarse a través de una mayor recaudación de impuestos.
El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, por enésima vez, han querido cubrir ese desfase en los ingresos tributarios con la aprobación del sexto “paquetazo” fiscal en la administración de Porfirio Lobo Sosa, el que ha sido rechazado por diversos sectores de la sociedad hondureña.
EL HERALDO consultó con varios extitulares de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) sobre la situación de las finanzas públicas y las opciones que tiene el gobierno para salir de la iliquidez que atraviesa la cuenta financiera.
Uno de los primeros aspectos a evaluar es la meta de recaudación de impuestos para 2012, que es de 55,046.1 millones de lempiras. Agregan que es demasiado alta al compararse con lo recaudado el año anterior, cuando alcanzó 49,376.5 millones de lempiras. El incremento esperado es de 5,669.6 millones en términos nominales y 11.5 puntos en valores porcentuales.
Entre 2010-2001, los ingresos tributarios pasaron de 43,180.9 a 49,376.5 millones de lempiras, equivalente a un alza de 6,195.6 millones en términos nominales y 14.3 puntos en valores porcentuales.
El desempeño de ese periodo estuvo influenciado por la vigencia de los cinco programas fiscales aprobados en los dos primeros años de la administración Lobo Sosa.
Morosos
Para los exdirectores de Ingresos consultados, ante el rechazo del sexto “paquetazo”, el gobierno tiene otras opciones para mejorar las recaudaciones tributarias. Agregan que una de las alternativas es proceder a la cobranza a una decena de personas jurídicas que adeudan casi 4,000 millones de lempiras.
Los exfuncionarios manifestaron que solo dos transnacionales que mantienen operaciones activas en el país adeudan 3,300 millones de lempiras. Adicionalmente, hay siete empresas que tienen pendiente de pago 700 millones de lempiras.
Para los entrevistados, los procesos de cobro se encuentran avanzados y muchos de estos grandes contribuyentes han intentado lograr arreglos de pago, pero las cantidades ofrecidas al gobierno de Honduras no cubren los montos reclamados por la DEI.
